El 14.3 por ciento de las viviendas en la entidad permanecen en abandono, según el Inegi; muchas carecen de servicios o están en conflicto legal
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La escena se repite en distintas regiones de Chiapas, calles donde la maleza cubre entradas, casas con techos vencidos y ventanas tapiadas, inmuebles que alguna vez prometieron una vida mejor, hoy permanecen vacíos. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos 241 mil 916 viviendas en el estado están deshabitadas, lo que representa el 14.3 por ciento del total registrado, una proporción que iguala la media nacional, pero que en Chiapas reflejó condiciones particulares de desigualdad.
Estas cifras no pueden desvincularse del contexto social. Con el 67.4 por ciento de su población en situación de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la comarca carga una crisis estructural que impacta en el uso y destino de las viviendas. Muchos inmuebles permanecen vacíos porque no cuentan con servicios básicos, están en zonas de riesgo o fueron abandonados por sus propietarios ante la falta de empleo o la migración forzada.
A esta problemática se suma el modelo fallido de vivienda de interés social que proliferó en años anteriores. Múltiples unidades habitacionales fueron construidas en zonas periféricas sin planeación urbana, esto condenó al olvido a miles de casas que hoy conforman cinturones de viviendas vacías o invadidas. De hecho, según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), más de 48 mil viviendas en la entidad han sido recuperadas o están en proceso de recuperación debido al abandono o morosidad.
El nuevo enfoque del Infonavit, que abandona los desalojos y apuesta por la regularización de quienes habitan viviendas de manera irregular, busca reconectar con el derecho a la vivienda digna. El propio instituto estima que más del 30 por ciento de los inmuebles desocupados en el estado podrían ser rehabilitados y entregados mediante nuevos esquemas a sectores vulnerables, en especial a mujeres jefas de hogar y jóvenes. Más allá de las cifras, el reto está en transformar estos espacios inertes en comunidades vivas. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el 37 por ciento de los fraccionamientos irregulares en la región carecen de servicios básicos, como agua potable o drenaje, lo cual evidencia que la recuperación del parque habitacional no se resolverá solo con trámites, sino con políticas integrales que garanticen condiciones de habitabilidad reales
