Con más del 60 por ciento de su presupuesto destinado a nómina y renta, la Comisión replegó su presencia territorial
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas bajó la cortina en tres de sus oficinas regionales: Cintalapa, Copainalá y Motozintla. La decisión, explicada como resultado de un presupuesto insuficiente, dejó un vacío simbólico y operativo en zonas donde la presencia institucional es, muchas veces, la única vía para que las denuncias de abusos o negligencia sean tomadas en cuenta. Sin infraestructura física, el acceso a los derechos humanos se convierte en una carrera con obstáculos.
Aunque la Comisión aseguró que prestará atención vía telefónica las 24 horas, las limitaciones son evidentes. En un estado donde el 42.9 por ciento de la población vive en localidades rurales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las condiciones de conectividad, alfabetización digital y confianza en canales remotos hacen que esta alternativa sea suficiente. La desaparición de oficinas no solo reduce la cobertura territorial, también diluye la percepción de cercanía con la justicia.
Con un presupuesto aprobado para 2025 de 53.8 millones de pesos, y un 60 por ciento de ese recurso destinado a nómina y renta, el organismo enfrenta una encrucijada operativa. El problema no es nuevo. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indicaron que, en Chiapas, el 78.5 por ciento de la población vive en situación de pobreza, lo que hace más apremiante el papel de las instituciones que velan por los derechos básicos. El cierre de oficinas, por más justificado que sea, representa un retroceso en términos de presencia institucional en zonas vulnerables.
La CEDH recibe más de 36 mil quejas al año, según su propio reporte, y entre las más frecuentes están las relacionadas con detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y omisiones en servicios públicos. Esas quejas, sin un lugar físico a donde acudir, podrían no canalizarse, archivarse en silencio o no presentarse.
Mientras se promete mantener la atención remota y buscar mecanismos alternos, el hecho concreto es que tres municipios han quedado sin representación directa del organismo garante de los derechos humanos. La apuesta por la eficiencia financiera, aunque comprensible, parece no haber considerado el costo social de la ausencia.
