El abogado defensor asegura que las armas fueron sembradas y que el testigo carece de identidad verificable
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La selva no solo guarda vestigios arqueológicos; también encubre detenciones injustificadas que permanecen en la penumbra judicial. Así lo denunció el abogado Jorge Luis Gómez, quien representa a 20 hombres lacandones arrestados en Palenque bajo acusaciones que, aseguró, fueron construidas sin pruebas reales. Los hechos habrían ocurrido en el crucero de San Javier, aunque, según el defensor, las víctimas fueron detenidas en sus casas, sin orden judicial y sin habérseles practicado pruebas de rodizonato.
Según el relato del abogado, las armas largas halladas fueron sembradas, y los testimonios en su contra provienen de un supuesto testigo sin apellidos ni identificación oficial. Los detenidos que son artesanos, campesinos y prestadores de servicios turísticos, fueron señalados de realizar disparos, pero ni la escena ni los tiempos cuadran con los hechos. Gómez ha solicitado la intervención de instancias federales, desde la Presidencia de la República hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de anunciar una queja formal ante la Comisión Estatal.
El caso exhibió lo endeble del sistema de justicia en comunidades indígenas. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 71 por ciento de las personas indígenas detenidas en Chiapas carecen de traductor o defensor que hable su lengua.
En la entidad, la criminalización de comunidades originarias se ha normalizado bajo figuras legales ambiguas y con frecuencia se respalda en “testigos protegidos” sin identidad comprobada. El Diagnóstico Nacional sobre Tortura del Centro Prodh indicó que la región es el segundo estado con más denuncias por fabricación de culpables en contextos indígenas. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que el 38 por ciento de las quejas que recibió en 2024 sobre violaciones graves en la comarca estuvieron relacionadas con detenciones ilegales o sin sustento.
El caso de los 20 lacandones en Palenque no es solo una denuncia individual, sino un recordatorio de que en el estado la justicia no llega a todos con la misma velocidad ni con la misma legitimidad. Mientras el expediente se llena de irregularidades, se vacía la confianza en un sistema que, en vez de proteger, irrumpe.
