Autoridades y fuerzas federales coordinan esfuerzos para proteger zonas de difícil acceso y garantizar la tranquilidad ciudadana
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En un acto que marca un nuevo capítulo en la política de seguridad de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentó equipo táctico de alto nivel en las costas de Puerto Chiapas. El helicóptero Black Hawk y las lanchas Monster simbolizan no solo una inversión estratégica, sino también la intención política de mantener el control territorial en uno de los estados más complejos del país.
Ramírez fue enfático, la pacificación estatal no es un discurso, sino una ruta ya en marcha. A siete meses del inicio de su mandato, aseguró que ningún acto delictivo ha quedado sin castigo, respaldado por cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que muestran una reducción del 18.5 por ciento en delitos de alto impacto en el primer semestre de 2025. Además, la comarcapasó del lugar 13 al siete en el ranking nacional de percepción de seguridad ciudadana, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Más allá de los discursos, el despliegue tecnológico incluye una aeronave capaz de operar en misiones de rescate, evacuaciones médicas y combate armado, y dos embarcaciones para vigilancia en ríos y costas, zonas clave del trasiego de personas y mercancías ilegales. Estas acciones se alinean con la Estrategia Nacional de Seguridad, que en la entidad ha logrado reducir en un 22 por ciento el número de homicidios dolosos en zonas fronterizas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Pero el mensaje va más allá del equipo. El anuncio de aumentos salariales, becas y vivienda para policías estatales no solo busca motivar al cuerpo de seguridad, sino blindarlo ante posibles redes de corrupción. Esta acción responde a un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en 2023 alertó sobre “riesgos de infiltración” en cuerpos municipales mal remunerados.
Acompañado por mandos militares, fiscales y funcionarios civiles, el gobernador subrayó que la coordinación entre niveles de Gobierno es la clave para consolidar la paz. Frente a cámaras y micrófonos, dejó en claro que su administración no diferenciará entre violencia común o crimen organizado. La presencia de figuras como la titular del Instituto Nacional de Migración y representantes del Poder Judicial dio peso institucional al compromiso.
