La omisión de autoridades ante el allanamiento a la directora de la institución, reflejó una política de desprotección sistemática
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) volvió a ser blanco de una agresión directa. La noche del 22 de julio, la casa de su directora, Dora Roblero, fue allanada en San Cristóbal de Las Casas, apenas semanas después de haber sido ratificada en su cargo. No se trató de un robo común. Lo que ocurrió encaja en un patrón de violencia selectiva contra defensores de derechos humanos en Chiapas, donde la impunidad se ha convertido en norma y el Estado mexicano muestra una preocupante tolerancia hacia estos actos.
La respuesta institucional fue tan tardía como deficiente. Ni el Mecanismo de Protección Federal ni las autoridades locales ofrecieron protocolos mínimos de resguardo. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al Frayba en 2022, el operativo de protección se limitó a llamadas sin seguimiento y visitas superficiales. Mientras tanto, los agresores continúan libres. El mensaje es contundente: quienes defienden la vida en la entidad están desprotegidos, incluso dentro de sus propios hogares.
Este allanamiento se suma al ocurrido hace menos de 10 meses contra otro integrante del mismo centro. Frayba ha documentado en su informe más reciente un incremento de vigilancia, amenazas y ataques contra su equipo. El contexto no es menor, la comarca se encuentra entre los cinco estados con mayor número de agresiones a defensores de derechos humanos, según datos de Front Line Defenders. En 2024, México registró 30 personas defensoras asesinadas, cuatro de ellas en Chiapas, y más de 200 agresiones no letales.
El caso de Dora Roblero revivió heridas abiertas como las del defensor Simón Pedro, asesinado en 2021, o el del padre Marcelo, aun sin justicia. Las estadísticas del Mecanismo de Protección Federal reportaron que solo el 11 por ciento de las medidas otorgadas a personas defensoras se cumplen a cabalidad. En el estado, el 83 por ciento de las carpetas por agresiones a activistas terminan archivadas o sin judicialización, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En este clima de riesgo constante, Frayba no solo exige justicia por este allanamiento, sino también una transformación profunda en la política de protección. Urge que el Estado mexicano deje de utilizar la paz como consigna vacía y asuma, de una vez por todas, su responsabilidad en la protección efectiva de quienes sostienen las luchas más vitales desde los territorios.
