Pascual Sánchez Gómez negó conocer a responsables y afirmó que no hay acuerdo formal del ayuntamiento
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La viralización de carteles que imponen sanciones de hasta 50 mil pesos por vender drogas en Bautista Chico evidenció una realidad confusa y preocupante en San Juan Chamula, ni siquiera el presidente municipal sabe quién gobierna en ciertas decisiones. Pascual Sánchez Gómez declaró desconocer tanto el origen de los anuncios como la legitimidad de las multas.
En Chamula, como en otras zonas indígenas de Chiapas, los usos y costumbres tienen más peso que los acuerdos de cabildo. Las decisiones comunitarias, a menudo respaldadas por asambleas locales, suelen aplicarse con total independencia del ayuntamiento. Esta separación entre autoridad formal y autoridad real crea vacíos que pueden derivar en conflictos o en medidas coercitivas sin control. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 61 por ciento de las comunidades indígenas en Chiapas se rigen por sistemas normativos internos que escapan del marco jurídico estatal.
Sánchez Gómez reconoció que persisten rumores de presencia del crimen organizado, aunque no ofrece pruebas ni identifica responsables. Esta ambigüedad se suma a un contexto en el que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chamula ha tenido más de 230 denuncias por actividades ilícitas en el último año en municipios aledaños, pese a que en la cabecera se reportan cifras bajas, en parte por la falta de denuncias formales.
Aún más delicada es su defensa de la venta informal de gasolina, conocida como huachicol comunitario. Aunque se trate de combustible legal revendido, la práctica implica riesgos. Datos de la Secretaría de Energía indican que la comarca registró en 2024 un incremento del 17 por ciento en reportes de comercialización irregular de gasolina. En lugar de rechazarla, el edil la justificó como parte de “la costumbre”, lo que normalizó una economía paralela que también elude toda regulación.
Los carteles en Bautista Chico tal vez no hayan sido emitidos por Gobierno municipal, pero reflejan la desconfianza en las instituciones formales y la capacidad de autogobierno de las comunidades. Más allá de quién impone las sanciones, lo alarmante es que ni el propio alcalde puede afirmar con certeza qué ocurre dentro de su municipio.
