La falta de control prenatal, agua potable y atención médica agrava una crisis alimentaria que inicia desde el nacimiento
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En Chiapas, la desnutrición infantil no es un dato aislado, es el reflejo de un sistema de protección social que nunca llegó del todo. Mientras a nivel nacional el promedio de desnutrición crónica en menores de cinco años se mantiene en 12.5 por ciento, en la entidad el problema alcanza hasta el 21 por ciento, esto dejó en claro que la infancia en esta región sobrevive con menos, desde antes incluso de su primer alimento sólido.
Según datos del Sistema de Información en Nutrición de la Secretaría de Salud (2023), la comarca es uno de los tres estados con mayor tasa de niños con bajo peso al nacer, una condición que predispone a cuadros de desnutrición severa en los primeros meses. Y es que la falta de control prenatal, que en la región apenas cubre al 56.8 por ciento de las mujeres embarazadas, contra un promedio nacional del 80 por ciento, marca el inicio de un ciclo de carencias antes del nacimiento.
El problema, sin embargo, no se limita al acceso a alimentos. El 47.9 por ciento de las viviendas chiapanecas no tienen disponibilidad diaria de agua potable, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2020, lo que incrementa los riesgos de enfermedades gastrointestinales, principal causa de desnutrición aguda en la infancia. Además, solo el 39 por ciento de los hogares en zonas rurales cuenta con refrigeración, lo que reduce la posibilidad de conservar alimentos en buen estado y garantizar una dieta adecuada.
Mientras tanto, la inversión pública en salud por persona en la región se mantiene 28 por ciento por debajo del promedio nacional, de acuerdo con el informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso (2022). Esta baja asignación no solo impide la atención oportuna de la desnutrición, sino que también limita la capacidad de prevención y seguimiento. Sin acceso a consultas pediátricas regulares, control de peso o esquemas de suplementación, miles de niños se quedan sin las mínimas herramientas para crecer con dignidad.
La desnutrición crónica en la entidad no es un efecto inevitable de la pobreza, es el resultado de políticas públicas que no han priorizado a la niñez como eje de desarrollo. Si no se actúa de forma inmediata y estructural, el estado arrastrará generaciones enteras marcadas por la baja talla, el bajo rendimiento escolar y la marginación.