La SEP ratificó que el proyecto de vida saludable se mantendrá y será reforzado en más de ocho mil escuelas estatales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El intento por frenar la prohibición de comida chatarra en planteles escolares fue desestimado por tribunales federales, lo que confirmó la validez de la política nacional en materia de salud infantil. Grupos empresariales y educativos que promovieron un amparo, entre ellos una refresquera y una universidad privada, no lograron revertir los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), según explicó el representante de la dependencia en Chiapas, Raúl Bonifaz.
La ratificación de esta medida no es casual. México enfrenta una emergencia en salud pública, el 35.6 por ciento de las niñas y niños entre cinco y 11 años tienen sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022. En la región, esta cifra se mantiene en ascenso pese a los niveles de pobreza, lo que genera una paradoja en la que la mala alimentación convive con la desnutrición. La SEP apostó ahora por una transformación estructural del entorno escolar, en el que la venta de productos procesados será cada vez más limitada.
Aunque las resistencias no han cesado, Gobierno federal reforzó su narrativa, la salud de la infancia no está sujeta a negociación comercial. En la comarca, más de ocho mil escuelas están siendo orientadas para aplicar los manuales oficiales. A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que más del 65 por ciento de los hogares con niñas y niños en el estado enfrentan inseguridad alimentaria, lo cual hace urgente promover entornos escolares con opciones nutricionales reales.
Más allá de las reglas, el reto está en el cambio cultural. Las familias y docentes tienen un rol protagónico en la transformación de hábitos, y las instituciones educativas deben ser aliadas, no solo vigilantes. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 90 por ciento de los menores en edad escolar consume alimentos ultraprocesados al menos una vez al día, lo que convierte a la escuela en un frente clave para revertir la tendencia.
La resolución judicial representa un paso firme hacia un modelo de escuela más saludable. Las autoridades han recalcado que no habrá marcha atrás, y que el proyecto, impulsado por la presidenta del país, continuará hasta modificar el paradigma alimentario escolar. El desafío no es solo sacar la comida chatarra de los planteles, sino también construir una cultura alimentaria que proteja a las próximas generaciones desde sus primeros años.
