Organizaciones acusan a funcionarios de obstaculizar el acceso a un techo seguro
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En la frontera sur de México, miles de mujeres enfrentan no solo la precariedad habitacional, sino también el abandono institucional. Habitantes de seis municipios de Chiapas alzaron la voz para exigir su inclusión en el programa de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), al denunciar trabas burocráticas y omisiones por parte de funcionarios que han frenado su acceso al derecho básico de una vivienda digna.
Las más de dos mil 400 solicitantes, organizadas bajo el movimiento Mujeres en Movimiento para la Liberación Nacional, viven en comunidades rurales de Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Mazatán y Motozintla, donde la pobreza y la marginación no son estadísticas, sino realidades cotidianas. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Coneval), el 42.5 por ciento de los hogares en la comarcapresentan rezago en calidad y espacios de vivienda, y más del 30 por ciento no tiene acceso a servicios básicos como agua potable y drenaje.
El problema, sin embargo, no es solo estructural, sino también político. A pesar de haber entregado la documentación solicitada por la CONAVI, muchas de estas mujeres no han sido admitidas en el programa, en parte por no contar con títulos de propiedad o por enfrentar exigencias administrativas que ignoran la complejidad legal de la tenencia de tierras en la región. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2022, el 61 por ciento de las mujeres en zonas rurales del país no posee documentos que acrediten la propiedad del terreno en el que viven.
Este obstáculo administrativo perpetúa una exclusión histórica. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicaron que solo el 28 por ciento de los hogares en la entidad son encabezados por mujeres, pero estos son, en su mayoría, los que enfrentan mayores niveles de pobreza. La dirigente Isabel Méndez denunció que la falta de voluntad institucional mantiene en espera a familias enteras que no tienen otra opción más que resistir desde viviendas improvisadas.
La petición dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum no solo busca un acceso formal al programa de viviendas, sino una reparación simbólica, romper con la cadena de exclusión que, administración tras administración, ha ignorado a las mujeres indígenas y rurales. En un estado donde el 74 por ciento de la población femenina vive en pobreza, atender este reclamo no es un favor político, es una obligación ética.
