Presencia de grupos armados y falta de atención de autoridades agravan la inseguridad en comunidades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A pesar de que algunos conflictos en Chiapas, como los de Santa Martha, Chenalhó y Aldama, parecen estar bajo control, expertos advirtieron que la calma es frágil y que la violencia puede volver a intensificarse si no se abordan las causas profundas. La directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Dora Roblero, alertó sobre una “calma disfrazada” que no garantiza seguridad ni libertad plena a las comunidades afectadas.
Esta percepción coincide con informes oficiales que reflejan una realidad compleja, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad se registró un aumento del 18 por ciento en delitos vinculados a violencia comunitaria y desplazamiento forzado durante los dos últimos años. Estas cifras evidenciaron que, pese a la aparente tranquilidad, las condiciones de violencia estructural persisten y afectan la vida cotidiana.
El desplazamiento interno es una consecuencia directa de estos conflictos no resueltos. Datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señalaron que la comarca concentra alrededor del 35 por ciento de los casos de desplazamiento forzado en México, situándose entre las entidades con mayores desafíos para garantizar la protección de derechos humanos fundamentales y el acceso a una vida digna.
La violencia armada y la presencia de grupos criminales complican aún más el escenario. El informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que en 2023 aumentaron en un 22 por ciento las denuncias por amenazas, agresiones y homicidios vinculados a actividades delictivas organizadas en la entidad, lo que impacta de manera directa en la seguridad comunitaria y la defensa de derechos.
Frente a esta realidad, la falta de atención integral y políticas públicas efectivas prolonga el ciclo de violencia. Las tensiones subyacentes, aunque a veces invisibles para el público general, generan un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad que demanda un compromiso urgente para atender no solo los síntomas, sino también las raíces sociales, económicas y políticas de los conflictos.
