Preocupa la ausencia de personal médico y insumos esenciales en penitenciarias locales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La muerte de Génesis, una mujer privada de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) Número 5 de San Cristóbal de Las Casas, expuso una crisis que atraviesa el sistema penitenciario chiapaneco, la falta de atención médica oportuna y adecuada dentro de los penales. La ausencia de medicamentos esenciales y personal capacitado para emergencias médicas agrava la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad, quienes dependen del Estado para preservar su salud y vida.
En México, el 65 por ciento de los centros penitenciarios carecen de servicios médicos completos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En la entidad, esta realidad se intensifica, dado que solo el 38 por ciento de los penales cuenta con atención médica continua, situación que incrementa los riesgos para internos con enfermedades crónicas como el asma, que fue la causa del fatal desenlace en el caso de Génesis.
El Colectivo Cereza denunció que la gestión para trasladar a Génesis de regreso al CERSS El Amate se prolongó por más de un año, un reflejo de la burocracia y la falta de protocolos claros para la protección de derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Este retraso no solo vulnera la dignidad de las personas privadas de la libertad, sino que pone en riesgo su integridad física y mental, en un contexto donde la salud debería ser prioridad.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que el 72 por ciento de las quejas en penales están relacionadas con negligencias médicas y condiciones deficientes de salud. La falta de atención inmediata ante la crisis respiratoria de Génesis, combinada con la demora en la respuesta del personal de custodia, mostró fallas estructurales que van más allá de un caso individual, esto señaló la urgencia de reformas y vigilancia efectiva.
El caso de Génesis ocurrió en un día de visita familiar, lo que hizo visible la precariedad y el abandono dentro de las cárceles, ante los ojos de familiares y la sociedad. Esta tragedia deberá ser un llamado urgente para garantizar que los derechos fundamentales de quienes están bajo custodia estatal sean respetados y protegidos, puesto que la justicia no puede limitarse a la privación de la libertad, sino que debe incluir el acceso a una atención médica digna y oportuna.
