Violencia extrema contra adultas mayores
Sheila X. Gutiérrez Zenteno
Ernestina tenía 73 años cuando falleció el 26 de febrero del año 2007. Fue encontrada gravemente herida por su hija el 25 de febrero, en un paraje conocido como “La Cuesta”; Ernestina había salido a pastorear a sus ovejas, cerca de la base militar del 63° Batallón de Infantería de Tetlatzinga, Veracruz. Antes de morir en el hospital, le dijo a su familia que “los soldados se le vinieron encima”.
Irma tenía 62 años cuando fue secuestrada mientras trabajaba en su taxi el 18 de julio de 2025. Fue torturada por el crimen organizado, obligada a grabar un video en el que le pidió a la gente de su gremio pagar el derecho de piso correspondiente para poder trabajar; al igual que Ernestina falleció derivado del brutal ataque que vivió.
Hay 18 años de diferencia entre los asesinatos de Ernestina Ascencio Rosario y el de Irma Hernández Cruz, pero las autoridades responsables de impartir justicia minimizaron sus muertes ofreciendo explicaciones que dejaron de lado la extrema violencia que las adultas mayores vivieron.
DIFERENTES GOBIERNOS, MISMO POSICIONAMIENTO
En el caso de Ernestina, el médico legista que realizó la primera necropsia, el Dr. Juan Pablo Mendizábal Pérez, confirmó que esta había sido víctima de violación y que su muerte se debió a un traumatismo craneoencefálico. Teniendo esto en consideración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja por presunta violación a la libertad sexual y privación de la vida de la adulta mayor, atribuidas a miembros del Ejército. El cuerpo de Ernestina fue exhumado el 9 de marzo de 2007 para una segunda necropsia.
Unos días después, el 13 de marzo de ese año, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa en una declaración pública, señaló que la muerte de Ernestina se debió a una “gastritis crónica”; de la agresión sexual de la que ella fue objeto, el mandatario no dijo absolutamente nada. El 30 de abril, dos meses después de su muerte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz cerró el caso porque no se acreditaron los delitos de violación y homicidio. Tres años después de haber realizado la necropsia de Ernestina, el médico fue inhabilitado por supuestas irregularidades en su trabajo.
La familia de Ernestina decidió llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2023. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al Estado mexicano de violar múltiples derechos. La audiencia pública del caso “Ascencio Rosario y otra vs. México” se celebró el pasado 30 de enero de 2025. La CIDH solicitó a la Corte que declare la responsabilidad del Estado por la violencia sexual, la tortura y la muerte de Ernestina. El Estado mexicano reconoció en la audiencia su responsabilidad por las violaciones a las garantías judiciales y al derecho a la salud, pero no por la agresión sexual. El 3 de marzo de 2025 se presentaron los alegatos finales y se está en espera de una sentencia. 18 años después, Ernestina aún no recibe justicia. El caso del asesinato de IrmaHernández Cruz no fue diferente al trato que recibió el de Ernestina.
Irma era una maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista en Álamo Temapache en Veracruz, fue secuestrada el 18 de julio de 2025 en el sitio de taxis donde trabajaba. Mientras su familia le buscaba, un video de Irma comenzó a circular en las redes sociales. En el clip se le observa rodeada por un grupo de hombres armados. Irma está arrodillada y esposada. En el video, es obligada a enviar un mensaje a sus compañeros taxistas para que paguen “su cuota” a quien corresponda, “dejen de andar engüilados con los ‘charros’ que solo nos extorsionan o van a terminar como yo”.
La palabra engüilado se utiliza como sinónimo de encordado que es un término utilizado para describir actos violentos del crimen organizado. En el narco-léxico, “encordado” se refiere a una persona que ha sido asesinada y su cuerpo atado o envuelto con cuerdas, a menudo para ser abandonado en la vía pública. El cuerpo de Irma fue encontrado sin vida seis días después de su secuestro.
La gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, señaló públicamente que Irma había fallecido de un infarto, a pesar de que el médico legista, José Eduardo Márquez, dio a conocer en la misma conferencia de prensa que la violencia a la que fue sometida Irma Hernández no tenía palabras para ser descrita. Después de sus declaraciones, la Fiscalía General del Estado de Veracruz suspendió al médico por violar el debido proceso y la secrecía de la investigación al filtrar información sensible. El médico señaló que había decidido no guardar silencio buscando honrar a la víctima.
LA POSTURA ASUMIDA POR ROCÍO NAHLE ES RUIN Y VERGONZOSA
No solamente aseguró que la muerte de Irma provino de un forcejeo (no explicó con quién o de qué tipo),insistió en que derivado de esa acción —el forcejeo—le había dado un infarto. Lo peor vino después cuando le respondió a la prensa que les gustara o no esa era la causa de su muerte. Como lo hizo Calderón años atrás, la morenista prefirió ver a otro lado antes que aceptar la extrema violencia con la que Irma fue torturada. El 11 de agosto, la fiscal general del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, precisó que Irma Hernández fue agredida, torturada y violentada, y que su muerte fue consecuencia directa de estas acciones durante su cautiverio exponiendo con ello, la despreciable postura de la gobernadora Nahle ante la muerte violenta de la señora Irma.
NO SON LAS ÚNICAS
No han sido los únicos casos de adultas mayores asesinadas con violencia extrema. En junio de 2024 en el Estado de México (en Ecatepec), Juana de 70 años y su hermana de 72, fueron víctimas de feminicidio, tortura y agresión sexual. El móvil principal fue el robo de sus ahorros. El sospechoso (un conocido de las víctimas) fue detenido y vinculado a proceso por el doble feminicidio. El caso sigue en etapa de juicio.
En enero de 2023 en Ciudad de México (en Xochimilco) el cuerpo de Teresa de 79 años de edad fue encontrado en su domicilio. La causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y la necropsia confirmó que también fue víctima de agresión sexual. El responsable fue su propio nieto el cual fue vinculado a proceso y sentenciado por feminicidio agravado por razón de parentesco.
En febrero de 2023 en Ciudad de México (en Iztapalapa), María del Carmen de 83 años fueencontrada sin vida en su recámara con signos de violencia física y sexual. La Fiscalía de la CDMX detuvo y vinculó a proceso al sospechoso, un hombre de 38 años conocido de la familia. Ya ha recibido sentencia condenatoria.
En marzo de 2023 en Jalisco (Guadalajara) María Guadalupe Pizano de 82 años de edad, fue asesinada con un arma blanca en su domicilio. Su feminicida es un hombre que realizaba trabajos esporádicos de jardinería para ella. El sujeto fue identificado gracias a cámaras de seguridad que lo grabaron huyendo del lugar. Fue detenido y vinculado a proceso por feminicidio y robo calificado.
En noviembre de 2023 en Puebla (Puebla, capital) Ángela de 75 años fue encontrada sin vida en su casa. La causa de muerte fue asfixia mecánica. El responsable de su feminicidio fue su inquilino quien la asesinó para robarle sus pertenencias. Se le vinculó a proceso judicial por feminicidio y robo. El proceso está activo.
En mayo de 2022 en Baja California (Tijuana) una mujer de 65 años de edad fue víctima de violencia física y agresión sexual. El cuerpo fue encontrado en un lote baldío y la mujer continúa sin ser identificada. La Fiscalía inició una carpeta por feminicidio sin lograr avances.
En octubre de 2022 en Chihuahua (Ciudad Juárez) Elia G. M. de 68 años de edad, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda. La causa de su muerte fue asfixia por sofocación y presentaba múltiples golpes. Su feminicidio fue perpetrado por su hijo. La investigación reveló un historial de violencia familiar. Su asesino fue vinculado a proceso y sentenciado por feminicidio agravado.
En agosto de 2021 en Oaxaca (en San Juan Cotzocón) el cuerpo de Victoria de 95 años fue encontrado dentro de su humilde vivienda. Fue asesinada a golpes con extrema brutalidad. El caso de Victoria es un claro ejemplo de las dificultades que enfrenta la procuración de justicia en zonas rurales e indígenas de México. No hay detenidos ni sospechosos, a pesar de las denuncias por impunidad que han hecho organizaciones como el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) de esa entidad.
ESTAS MUERTES NOS OBLIGAN A MIRAR MÁS ALLÁ DEL PRIVILEGIO
Cuando supe del secuestro y la muerte de la señora Irma, fue imposible no pensar en el caso de doña Ernestina. La violencia contra las mujeres adultas mayores es una realidad que se vive en todo México; dado que poco se habla de la feminización de la vejez en el país, las políticas públicas pensadas para enfrentar la vulnerabilidad asociadas a la edad y al género son mínimas.
Los casos mencionados reflejan un patrón que requiere mayor atención por parte de las autoridades, además se requiere de una sociedad capaz de garantizar la protección y el acceso a la justicia a adultas mayores en México. Los agresores, que con frecuencia son personas cercanas, se aprovechan del aislamiento, la soledad y la vulnerabilidad física con que ellas viven. A esto hay que sumar la etnia y la marginación en que varias de ellas vivían. Vivimos en una sociedad que discrimina a quienes envejecen por lo que las barreras para acceder a la justicia son aún mayores.
Cada uno de los casos citados es muestra de la crueldad con la que los cuerpos de estas mujeres fueron tratados. La violencia extrema que ellas vivieron refleja la alta vulnerabilidad con la que este sector de la población vive día con día.
Puede leer más sobre la feminización de la vejez en mi columna del 04 de junio de 2025.
