Más del 99 por ciento de casillas se instalaron, aunque el robo de boletas y la inseguridad afectaron a varias comunidades
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La jornada electoral para elegir a los magistrados del Poder Judicial en Chiapas transcurrió entre un ambiente de calma relativa y una participación ciudadana baja. Pese al despliegue de más de 10 mil elementos de seguridad, las urnas reflejaron un proceso con bajo entusiasmo, marcado por dificultades que limitaron la instalación completa de casillas y la ausencia de funcionarios en varias localidades.
De las dos mil 914 casillas contempladas, se lograron instalar dos mil 900, mientras que, en algunos municipios, como San Cristóbal de Las Casas y Jiquipilas, la jornada se vio empañada por robos y sabotajes que afectaron de manera directa la presencia de paquetes electorales y la validez de las boletas. En total, más de 130 mil boletas fueron sustraídas o dañadas, lo que provocó la suspensión de la instalación en 14 casillas.
Un factor que incidió en la baja participación fue la renuncia del 24.8 por ciento de los funcionarios de casilla, lo que evidenció el desgaste institucional y un ambiente de desconfianza generalizada. En zonas conflictivas como Honduras de la Sierra, la negativa de la población a permitir la instalación de urnas reflejó además tensiones sociales previas al proceso electoral.
Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) y autoridades locales realizaron esfuerzos para garantizar la seguridad y la integridad del voto, las irregularidades reportadas en municipios como Copainalá, Villaflores y Bochil evidenciaron un intento por entorpecer un proceso histórico para el estado y el país. La ciudadanía, con un estimado de participación que apenas alcanzó el 20 por ciento, optó por la prudencia ante un contexto electoral complejo.
Así, la elección judicial en Chiapas se cerró con un balance de tranquilidad en las calles, pero con una participación escasa y un proceso que mostró una vez más las dificultades estructurales para garantizar el acceso pleno a la democracia en la región.
