La falta de médicos, insumos y atención oportuna agrava el riesgo de fallecer durante el embarazo o parto en comunidades rurales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, ser madre sigue siendo una de las actividades más riesgosas para la vida de una mujer. Aunque en el discurso oficial las cifras muestran una leve disminución de muertes maternas a nivel nacional, lo cierto es que la entidad ocupa el segundo lugar en el país por número de fallecimientos, con 25 casos registrados hasta junio de 2025. Esta posición no es solo un dato estadístico, revela un sistema de salud que continúa sin garantizar atención oportuna y especializada a las mujeres en su etapa más vulnerable.
La muerte materna es un indicador directo de desigualdad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo el 57 por ciento de las mujeres indígenas en la región acceden a servicios médicos durante el embarazo. A esto se suma que el 84.6 por ciento de jóvenes chiapanecas viven con carencias en el acceso a la salud, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Los embarazos que llegan sin seguimiento clínico, sin diagnósticos oportunos o sin transporte para atender emergencias obstétricas, tienen consecuencias fatales.
Mientras Gobierno federal presume una reducción del 5.5 por ciento en defunciones maternas respecto al año pasado, las cifras crudas revelaron otra realidad, el 43 por ciento de todas las muertes en el país se concentra en solo cinco estados, entre ellos Chiapas. La hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos y el aborto siguen siendo las principales causas. Pero detrás de ello existe un contexto más duro, pobreza estructural, falta de personal especializado y una profunda desconexión entre las necesidades reales de las comunidades y la política pública.
Otra cifra que inquieta es que el estado tiene apenas 0.8 médicos por cada mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 2.4, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta escasez impacta en la capacidad de respuesta ante emergencias obstétricas.
Urge que el Estado mexicano reconozca la muerte materna como una tragedia de justicia social. Mientras la entidad figura entre los primeros lugares en estos registros, cada estadística no será solo un número más, sino una historia interrumpida por negligencia, marginación y omisión institucional. Prevenir una muerte materna es posible, pero requiere mucho más que un boletín semanal, necesita voluntad política sostenida.
