El alza en las cifras debería leerse como un llamado para replantear políticas de prevención y atención
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia familiar en Chiapas no solo mantiene su presencia, sino que en 2025 ya superó las cifras de todo el año anterior. Con 630 casos atendidos por la Secretaría de Salud y 513 carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado, la problemática evidenció un aumento sostenido que preocupa por su persistencia en el entorno doméstico. Este incremento del 3.78 por cientorespecto a 2024 reflejó que las medidas de prevención siguen siendo insuficientes.
Las cifras mostraron un patrón inquietante, la violencia se concentra al inicio de la semana, con los lunes y martes al acumular el mayor número de reportes. Esta regularidad horaria y diaria no es exclusiva de la región; el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha documentado que en el 65 por ciento de los casos a nivel nacional, la violencia ocurre en espacios y tiempos rutinarios, lo que hace más difícil su visibilización y denuncia.
El mapa de la incidencia también reveló brechas urbanas. Tuxtla Gutiérrez concentró más del 50 por ciento de los reportes, con colonias específicas como Centro, Las Granjas y Patria Nueva. San Cristóbal, Tapachula y Palenque se sumaron a la lista de municipios con mayor número de denuncias. Esta concentración geográfica planteó la necesidad de políticas focalizadas, puesto que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021) señaló que siete de cada 10 chiapanecas han enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Si bien las cifras locales son alarmantes, el panorama nacional no ofrece un contraste alentador. En 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró más de 280 mil denuncias por violencia familiar en todo el país, lo que convirtió este delito en el más denunciado en materia de violencia de género. El hecho de que la entidad ya haya superado sus propias estadísticas anuales antes de cerrar septiembre coloca al estado en una trayectoria preocupante que exige respuestas inmediatas.
La violencia familiar no es solo un asunto de estadísticas; es un síntoma de desigualdades profundas. En un estado donde el 67.4 por ciento de la población vive en pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2022) y donde el rezago educativo alcanza al 18 por ciento de sus habitantes, las condiciones estructurales alimentan la reproducción de la violencia.
