La Ley de Movilidad exige que estas concesiones sean operadas por mujeres, pero la falta de vigilancia ha permitido violaciones sistemáticas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El programa de taxis rosas en Chiapas, creado para brindar un servicio seguro a las mujeres, enfrenta serias inconsistencias. Aunque la normativa es clara en señalar que las unidades deben ser conducidas por mujeres, cada vez es más común encontrar a hombres detrás del volante, lo que no solo vulnera la ley, sino que también debilita el objetivo principal de este esquema, la protección y confianza de las usuarias.
La Ley de Movilidad y Transporte del Estado establece que la concesión de estas unidades debe estar vinculada a la perspectiva de género. Sin embargo, la práctica demostró una brecha entre el discurso y la realidad. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la entidad apenas el 14 por ciento de los conductores registrados en el transporte público son mujeres, lo que reflejó un rezago estructural en la inclusión laboral femenina dentro del sector.
A esto se sumó que el 66 por ciento de las mujeres en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), reconoció sentirse insegura al utilizar transporte público. En el caso de la entidad, el dato es aún más sensible, siete de cada 10 mujeres señalaron haber tenido experiencias de acoso en taxis y colectivos, según reportes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Las sanciones previstas para quienes incumplen los lineamientos parecen no ser suficientes para inhibir la irregularidad. En la práctica, la falta de operativos constantes facilita que las unidades circulen sin ser inspeccionadas, poniendo en entredicho la efectividad del programa. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en el último año solo se han realizado 25 operativos de verificación en la entidad, un número muy bajo frente al parque vehicular de más de 16 mil taxis registrados.
El riesgo de que hombres conduzcan taxis rosas trascendió el terreno administrativo, desvirtuó el propósito del programa y dejó expuestas a las usuarias a un entorno que se pretendía más seguro. Expertos en movilidad con perspectiva de género advirtieron que la omisión en la vigilancia del cumplimiento erosiona la confianza de las mujeres en las políticas públicas. Si no se refuerzan los controles, las concesiones rosas corren el riesgo de convertirse en una estrategia decorativa más que en una herramienta efectiva para garantizar seguridad.
