Las acusaciones apuntaron a una red de corrupción que involucra a funcionarios y abogados externos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El recién inaugurado Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula nació con la promesa de agilizar procesos y brindar un espacio digno a quienes buscan protección en México. Sin embargo, apenas días después de abrir sus puertas, enfrenta serias denuncias que evidenciaron un posible negocio ilícito que se aprovecha de la desesperación de los migrantes.
De acuerdo con testimonios, se estarían haciendo cobros de hasta ocho mil pesos por una entrevista para solicitud de refugio, una cantidad desproporcionada si se considera que el salario mínimo en Chiapas ronda los 249 pesos diarios, lo que equivale a más de un mes de ingresos para una familia trabajadora. Esta práctica, de confirmarse, no solo desvirtúa la labor de la COMAR, sino que representa un golpe directo a quienes llegan con poco más que la esperanza de sobrevivir.
La situación adquirió un matiz aún más grave si se toman en cuenta las cifras oficiales. Tan solo en 2023, la COMAR recibió 140 mil 982 solicitudes de refugio en México, de las cuales el 36 por ciento fueron presentadas en Tapachula. Además, la población haitiana ha sido una de las más constantes en la última década, en 2021, representaron más de 50 mil peticiones, y solo en 2024, hasta agosto, se habían contabilizado 22 mil. Estos números evidenciaron que Tapachula no solo es un punto clave de tránsito, sino también un epicentro de vulnerabilidad.
Las denuncias también revelaron el costo social de esta corrupción. Migrantes relataron haber recurrido a medidas extremas para conseguir el dinero exigido, incluyendo prostitución y endeudamiento con redes de prestamistas. Si se considera que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 66 por ciento de los haitianos en México se emplea en la informalidad, la posibilidad de reunir estas cantidades resulta inalcanzable sin exponerse a más riesgos.
Lo que ocurre en el sur del país reflejó un patrón que organismos de derechos humanos han advertido durante años, la falta de transparencia en los procesos migratorios abrió la puerta a esquemas de corrupción y abuso. Más allá de un problema administrativo, lo denunciado frente al nuevo centro de la COMAR en Tapachula indicó una fractura ética del sistema, donde la burocracia se convirtió en mercado negro y la protección humanitaria en privilegio reservado para quienes pueden pagar.
