Las víctimas son menores de 18 años, lo que destaca su vulnerabilidad ante redes criminales en la región
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: JACOB GARCÍA
Tapachula, un municipio conocido por su riqueza cultural y su dinámica económica, enfrenta una dura realidad marcada por las desapariciones forzadas. Según datos alarmantes de la organización Red Lupa, junto con Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, estos tres municipios concentran un tercio de las desapariciones en Chiapas. Esta situación ha convertido a Tapachula en un foco preocupante, donde el número de casos ha aumentado, al pasar de 132 a 166 en solo un año.
El impacto de estas desapariciones es devastador, en especial para las familias que viven con la angustia diaria sobre el paradero de sus seres queridos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales y la Fiscalía Especializada, las investigaciones a menudo se ven obstaculizadas por la falta de recursos y la complejidad del crimen organizado que opera en la región.
La demografía de las víctimas revela una tendencia preocupante, con un alto porcentaje de desaparecidos menores de 18 años, la mayoría niñas. Esto subraya la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las redes criminales que explotan su inocencia y vulnerabilidad. Es urgente que se implementen políticas públicas integrales que protejan a la infancia y adolescencia, además de fortalecer la capacidad de respuesta y prevención del Estado.
La presencia de grupos delictivos que secuestran y extorsionan en la región agrava aún más la situación. Estas células criminales operan con impunidad, al desafiar las capacidades de las autoridades locales y generar un clima de miedo y desconfianza en la comunidad. La falta de resultados concretos en las investigaciones contribuye a la sensación de impotencia entre los ciudadanos, quienes claman por justicia y seguridad.
Tapachula enfrenta una crisis humanitaria que requiere acciones decididas y coordinadas entre todos los órdenes de Gobierno, sociedad civil y organismos internacionales. Es crucial adoptar medidas efectivas para combatir el crimen organizado, fortalecer la capacidad institucional y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
