Con esta acción, Gobierno estatal reafirma su compromiso con la rendición de cuentas y su lucha contra la corrupción
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En un esfuerzo por reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, el Gobierno de Chiapas destituyó a 18 funcionarios públicos por no cumplir con la obligación de presentar su Declaración Patrimonial Inicial. Esta decisión se tomó después de que expirara el plazo de 60 días establecido por la ley, que concluyó el 6 de febrero de 2025. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, este incumplimiento demostró una falta de compromiso con la legalidad y la transparencia que el Gobierno busca fomentar.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, subrayó que la acción es una medida necesaria para garantizar que los funcionarios públicos mantengan la integridad de sus cargos. Explicó que la declaración patrimonial permite monitorear posibles incrementos irregulares en los bienes de los servidores públicos, lo que evita así el enriquecimiento ilícito.
Los funcionarios afectados pertenecían a distintas dependencias, de las cuales destacó el Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH) y el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech). La mayoría de los destituidos ocupaban cargos de jefes de departamento, mientras que algunos eran directores de área. Todos asumieron sus responsabilidades el 8 de diciembre de 2024. La omisión de esta obligación ha tenido consecuencias inmediatas.
La ley estableció que todos los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial al iniciar sus labores, con la obligación de actualizarla al año. Romero Basurto recalcó que la reforma a la ley también establece un sistema de monitoreo anual para revisar si los bienes de los funcionarios crecen de forma desproporcionada en relación con sus ingresos.
Asimismo, la secretaria Anticorrupción aseguró que la destitución de estos funcionarios es solo el principio. Según indicó, se vigilará a todos los empleados públicos para garantizar que cumplan con sus responsabilidades y que no haya irregularidades en el manejo de los bienes públicos. La política de cero tolerancia al incumplimiento es clara, y se espera que otros funcionarios cumplan con sus obligaciones de forma puntual para evitar sanciones similares.
