Técnicos y facilitadores despedidos del programa en Tapachula exigen su reintegración
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
El programa Sembrando Vida, implementado por Gobierno federal, ha estado marcado por un conflicto laboral en Tapachula, tras la denuncia de varios técnicos y facilitadores que afirmaron haber sido despedidos de manera injustificada. Según los trabajadores afectados, 58 de ellos han perdido su empleo sin que se les haya brindado una explicación clara o un proceso justo basado en la evaluación técnica establecida por la Secretaría de Bienestar.
El despido masivo ha generado inquietud entre los extrabajadores, quienes aseguraron que la decisión no solo fue arbitraria, sino que también se tomaron en cuenta intereses personales de los funcionarios al frente de la Coordinación Territorial. En lugar de aplicar los procedimientos establecidos, algunos de los directivos habrían enviado personal afín a sus intereses para recabar pruebas falsas que sustentarían un incumplimiento de funciones en las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC).
A pesar de las irregularidades en los despidos, los afectados se mantienen firmes en su solicitud de reintegración al programa, puesto que citaron casos similares de restitución de puestos ocurridos en otras entidades. Los exempleados insistieron en que la medida tomada es una violación de sus derechos laborales, dado que la relación contractual y el derecho a la estabilidad laboral no fueron respetados.
Los extrabajadores han manifestado su disposición para iniciar un diálogo con las autoridades y esclarecer la situación. Sin embargo, también han advertido que la falta de respuesta podría intensificar el conflicto, lo que pondría en entredicho la efectividad y legitimidad del programa Sembrando Vida en la región. La incertidumbre sobre el futuro de estos empleados y el impacto en las comunidades donde laboran han añadido presión a las autoridades locales, que ahora enfrentan una creciente ola de críticas.
La problemática en Tapachula refleja una serie de deficiencias en la administración del programa, lo cual pone en evidencia la falta de protocolos claros para la contratación y despido de personal. La situación no solo afecta la moral de los trabajadores, sino que también podría repercutir en el desarrollo y objetivos del programa, cuya misión es fomentar la reforestación y el bienestar de las comunidades rurales.
