La Auditoría reveló deficiencias en contratos y errores de planeación
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La promesa de un hospital de alta especialidad para Tuxtla Gutiérrez comenzó con entusiasmo
político y cifras millonarias, pero hoy se enfrenta a un diagnóstico severo, pagos anticipados,
equipos sin instalar y contratos con retrasos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló
que más de 660 millones de pesos del presupuesto público aún no han sido justificados, mientras
el nuevo Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sigue sin
operar, pese a tener equipos médicos resguardados sin uso.
El caso pone en evidencia no solo irregularidades técnicas y administrativas, sino también la
contradicción entre el discurso oficial y la realidad operativa del sistema de salud. Mientras el
IMSS presume un modelo robusto a través de su brazo Bienestar, en la práctica se pagó por 62
equipos de laboratorio y rehabilitación que, aunque recibidos de manera formal, no fueron
instalados ni utilizados. A ello se suma que el 74 por ciento de los contratos de infraestructura
revisados en Chiapas en 2024 presentaron retrasos o modificaciones por errores de planeación,
según la ASF.
El contraste entre lo proyectado y lo entregado cobra mayor dimensión si se considera que el
hospital debía atender a más de 250 mil personas de 12 municipios. Pero a siete meses del
arranque operativo previsto, la obra acumula al menos 118 días de retraso, a raíz de pagos tardíos
y modificaciones de último minuto al proyecto ejecutivo. Mientras tanto, los mil 319 millones de
pesos ya pagados representan el 41 por ciento del costo total, estimado en tres mil 200 millones,
sin que exista certidumbre sobre su efectividad.
El informe también expuso una falla estructural en el sistema IMSS Bienestar. De 576 hospitales
transferidos por los estados al organismo en 2024, al menos 89 registran observaciones por
manejo deficiente de equipo médico y contratos de mantenimiento, lo que no solo afecta el
cumplimiento de objetivos, sino que debilita la confianza en uno de los programas bandera del
sistema de salud nacional.
La ASF ya emitió tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria relacionadas
con el caso de Tuxtla. La presión ahora recae sobre el IMSS y Gobierno estatal, que deben explicar
cómo y en qué se usó cada peso público comprometido. Porque en la entidad, donde más del 65
por ciento de la población carece de acceso efectivo a servicios de salud, las promesas sin sustento
no solo representan cifras mal ejecutadas, son vidas puestas en espera.
