La mayoría de los casos no se denuncian, lo que evidencia un grave déficit institucional y una justicia lejana
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Mientras la atención pública se concentra en los delitos más visibles, Chiapas arrastra una estadística que apenas empieza a preocupar, en promedio, ocho personas son víctimas de extorsión cada día. La cifra no solo reveló un repunte preocupante, sino que también expone una crisis más profunda, la desconfianza en autoridades y el miedo han convertido este delito en una práctica habitual que afecta cada vez más la estabilidad económica de las familias.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, la entidad registró una tasa de dos mil 979 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes durante 2023. Esta cifra representa un aumento del 13 por ciento respecto al año anterior y es la más alta en el estado desde 2017. A pesar de ello, el 94.1 por ciento de los delitos en la región no se denuncian ni se investigan, lo que coloca a la extorsión en un terreno fértil para reproducirse.
Una de las explicaciones del incremento puede encontrarse en la precariedad institucional, el territorio cuenta con apenas 1.5 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional de 3.7. La falta de recursos, sumada a la fragmentación de las capacidades de respuesta, dificulta la contención de redes criminales que operan incluso desde penales, según ha documentado el propio Gobierno federal.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión, recientemente presentada por el secretario Omar García Harfuch, busca revertir este escenario. Sin embargo, para Chiapas el reto es doble, además de combatir el delito, se necesita restablecer la confianza de una población que ha aprendido a callar para sobrevivir. La creación de Unidades Antiextorsión y la capacitación de operadores del número 089 son medidas importantes, pero el impacto será limitado si no se fortalece el sistema local de justicia.
El fenómeno no es aislado ni marginal. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicaron que, en 2023, cerca de 6.2 millones de mexicanos fueron víctimas de extorsión, y en el 98 de los casos no hubo contacto físico con el agresor. Esto significa que la amenaza opera muchas veces desde la sombra, valiéndose del miedo, desinformación y ausencia de respuestas eficaces. En la entidad, donde ocho personas al día son blanco de este crimen, el Estado no puede seguir siendo un espectador más.
