Autoridades reconocen un “efecto cucaracha” entre Tabasco y Chiapas que facilitó el escape y reacomodo de grupos delictivos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La revelación de vínculos entre el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y el grupo criminal La Barredora ha abierto una nueva línea de investigación sobre la expansión del crimen organizado hacia el norte de Chiapas. Una estructura criminal enfocada en el robo y comercio de hidrocarburos operó en el municipio de Reforma entre 2019 y 2021, bajo una red que, de acuerdo con documentos filtrados por Guacamaya Leaks, habría contado con respaldo institucional y logística transfronteriza.
La zona de Reforma, no fue solo una ruta de paso, sino un punto estratégico para la operación de robo y venta de combustibles al que la red criminal de Tabasco recurrió, ante lo que fue reconocido como un “efecto cucharacha”, el cual en criminología plantea que, cuando se eliminan las posibilidades de cometer un delito a un grupo de criminales, estos lo que hacen es desplazarse a otro punto. La presencia de La Barredora en este municipio coincidió con el registro de 46 homicidios dolosos entre 2018 y 2024, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta violencia no puede desvincularse del control territorial que buscaba el grupo mediante ejecuciones, amenazas y la cooptación de actores locales.
Durante 2023, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana local reportó la recuperación de 177 vehículos con reporte de robo, de los cuales el 22 por ciento tenía origen en Tabasco. Esta dinámica reveló la porosidad de los límites estatales y la falta de un control coordinado a nivel regional.
Más allá del robo de hidrocarburos, los organigramas criminales filtrados delinearon una red multifuncional: tráfico de personas, narcomenudeo, cobro de piso y comercio de chatarra, todo gestionado desde células que incluían exmilitares chiapanecos y mandos operativos con base en Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad registró mil 126 carpetas de investigación por delitos patrimoniales en 2023, un incremento del 12.4 por ciento respecto al año anterior, lo que coincide con el periodo de consolidación de estas células.
A pesar de las alertas tempranas, la respuesta institucional fue tardía. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena, hoy prófugo, mientras que la FGE reconoció apenas en 2024 el impacto de esta estructura. Según datos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el robo de hidrocarburos en ductos cruzando la comarca aumentó un 18 por ciento entre 2020 y 2022. El silencio institucional ante estas cifras plantea una incómoda pregunta sobre de qué tanto las autoridades fueron cómplices por omisión o por interés.
