La Sección 40 del SNTE pide garantías inmediatas. Sin seguridad, el regreso de maestros y alumnos es incierto
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Frontera Comalapa, el ciclo escolar 2025-2026 aún no ha iniciado debido a la falta de garantías de seguridad para los docentes, situación que mantiene a cientos de estudiantes fuera de las aulas. La Asamblea Estatal Democrática (AED) de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que la ausencia de maestros se concentra en zonas afectadas por violencia e inseguridad, lo que vulnera el normal desarrollo educativo en la región.
El profesor Armando Falconi Borrás detalló que, mientras en la mayoría de los municipios las clases se han reanudado, las comunidades más afectadas por desplazamiento forzado continúan sin acceso a la educación. En estas localidades, niños y jóvenes permanecen en sus hogares, imposibilitados de acudir a clases por razones de seguridad, lo que genera un vacío educativo que podría afectar su desempeño académico a largo plazo.
El déficit de plazas docentes en el estado agrava la situación. Falconi Borrás señaló que en telesecundarias no se han asignado nuevas plazas durante más de 12 años, y que a nivel general existen miles de vacantes sin cubrir. Este desajuste en la plantilla educativa limita la cobertura y calidad de la enseñanza, lo que deja a comunidades enteras sin maestros y sin oportunidades para garantizar el derecho a la educación.
Los problemas en Frontera Comalapa reflejaron una tendencia más amplia en la Sierra, donde varias localidades tampoco han podido iniciar clases. La AED enfatizó que la seguridad debe ser una prioridad, puesto que los docentes no pueden asumir riesgos en zonas de violencia. La coordinación entre autoridades estatales y federales se vuelve crucial para garantizar que la educación llegue a quienes más la necesitan.
Mientras tanto, no se ha definido una fecha para el regreso de los maestros ni para el retorno de los alumnos a las aulas. Según datos oficiales, Chiapas registra que 7.3 por ciento de escuelas rurales no han iniciado actividades por inseguridad, y más de 15 mil estudiantes están afectados en municipios con alta incidencia de violencia. La falta de infraestructura y recursos agrava la problemática, lo que mostró la necesidad de estrategias integrales que garanticen educación segura y continua en la región.
