El operativo abrió un nuevo capítulo de presión sobre exalcaldes con cuentas públicas observadas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La detención del secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos(CIOAC), José Luis Flores Gómez, y dos veces exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, significó un golpe directo a una de las estructuras campesinas más influyentes del norte de Chiapas. El operativo ocurrió sobre el tramo carretero Soyaló–Ixtapa, donde elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal lograron interceptarlo tras una orden de aprehensión pendiente por peculado, un delito que ha llevado a juicio a numerosos funcionarios municipales en el estado.
El caso no solo expuso la caída de un dirigente, sino también el desgaste institucional que arrastran los municipios chiapanecos. De acuerdo con registros oficiales, la entidadha tenido más de 60 investigaciones abiertas por irregularidades en cuentas públicas municipales en el último lustro, un indicador del deterioro administrativo que rodea a sus ayuntamientos. Bajo ese contexto, la captura de un líder con aspiraciones de volver a la alcaldía en 2027 adquiere un peso político particular.
Mientras Flores Gómez era trasladado a San Cristóbal de Las Casas para enfrentar su proceso, en Tapilula la CIOAC quedó sin un liderazgo claro. La organización, que históricamente había mantenido presencia en la zona, enfrenta ahora un vacío que trastoca sus rutas de negociación local. Según cifras estatales, el 78 por ciento de los municipios chiapanecos ha reportado conflictos sociales vinculados a organizaciones campesinas, lo que dejó ver el impacto que un relevo abrupto puede provocar.
El arresto también se inscribió en un escenario estatal donde el escrutinio sobre los exalcaldes es cada vez más visible. Datos de fiscalización revelaron que uno de cada tres ayuntamientos revisados presenta observaciones por manejo indebido de recursos, y aunque esos procesos avanzan con lentitud, la aprehensión de Flores Gómez envío una señal de que los expedientes ya no están detenidos. Para muchos expresidentes municipales, el mensaje parece claro: los años de ventaja institucional se acortan.
Asimismo, la detención abrió una ventana para evaluar la fragilidad con la que operan los gobiernos locales en la comarca. En un estado donde más del 40 por ciento del gasto municipal depende de fondos federales, la falta de controles internos ha permitido que prácticas irregulares se normalicen. Si el caso avanza con firmeza, podría convertirse en un precedente que obligue a otras autoridades a corregir cuentas.
