La crisis se intensificó sin registros oficiales ni atención sostenida
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La violencia criminal que se expandió en Chiapas ha cobrado grandes consecuencias no solo económicas, sino políticas y sociales, las comunidades con mayor índice de pobreza son las más afectadas, al carecer de recursos y herramientas para combatir la inseguridad optan por métodos como el desplazamiento a otras localidades con la intención de resguardar su integridad física y la de sus familias.
De acuerdo a los datos proporcionados por Global Report on Internal Displacement 2025, la comarca es una de las entidades federativas que concentró más personas en situación de movilidad forzada. Fenómeno que pone en cuestionamiento las estrategias de seguridad y los planes de contingencia para la atención inmediata de las víctimas de la violencia en municipios, ejidos y comunidades indígenas.
Los casos más emblemáticos se suscitaron en Tila, Chenalhó y Pantelhó, territorios que se caracterizaron por ser rutas de tráfico ilegal y presencia de células delictivas que disputan o mantienen el control de la zona bajo amenazas, desapariciones y agresiones armadas. En 2024 se registraron 26 mil nuevos eventos de desplazamiento a nivel nacional, cifra que podría ascender ante la falta de un monitoreo preciso sobre los diversos conflictos que han ocurrido en México y sobre todo en la entidad.
Los costos de no contener la violencia en la entidad son diversos, pero lo más grave es la crisis humana que se permea en el estado, familias que abandonan su patrimonio, cultivos e historia siguen sin obtener un retorno seguro a sus hogares, situación que debería ser atendida con urgencia, sin embargo, ahora familias se quedan sin una forma de subsistencia, que culmina en rezago en áreas como educación y salud.
El reporte advirtió que México carece de políticas públicas específicas y de mecanismos de atención sostenida, lo que deja a miles de familias fuera de sus comunidades sin restitución de derechos. Según estadísticas oficiales, solo el 15 por ciento de los desplazados internos recibió apoyo gubernamental en 2024, mientras que un 42 por ciento no tuvo acceso a servicios básicos, esto demostró una brecha crítica en protección y asistencia humanitaria.
