La falta de organización por parte de autoridades y el escaso personal en la COMAR han exacerbado dicha situación
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En una manifestación cargada de exigencia y desesperación, Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos, se presentó a las afueras de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en Tapachula, donde exigió respeto a los derechos de los migrantes y un sistema ordenado para la entrega de fichas, así como el cumplimiento de la ley de asilo. “Los migrantes no son criminales, buscan un futuro mejor”, expresó García Villagrán ante cientos de personas que, como él, demandan que se termine con las persecuciones de las autoridades migratorias.
La situación en Tapachula, en el estado de Chiapas, es crítica. Miles de migrantes, en su mayoría procedentes de países como Cuba, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras, se concentraron en las afueras de la sede de la COMAR en el parque ecológico de la ciudad. Desde la madrugada, la fila de personas que buscan una solicitud de refugio en México se ha vuelto cada vez más larga, lo que ha generado una creciente tensión. Muchos de los migrantes temen ser detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) durante algún operativo, y ante la imposibilidad de conseguir una respuesta adecuada, recurren al pedido de protección internacional.
El desbordamiento de los centros migratorios de la región se debe, en gran parte, al cierre de la frontera estadounidense bajo la administración de Donald Trump, que impulsó deportaciones masivas. La falta de vuelos para repatriar a los migrantes ha generado una saturación crítica, con más de tres mil indocumentados retenidos en las instalaciones migratorias de la región. Sin embargo, el problema no solo afecta a los nacionales mexicanos, sino que también se extiende a migrantes de otros países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba y Venezuela, quienes son enviados de vuelta a México para continuar su viaje hacia sus respectivos países de origen.
Las condiciones en la oficina de la COMAR, ubicada en Los Cerritos, han empeorado en las últimas semanas. El caos reina entre las personas que intentan obtener un turno para que se les otorgue la ficha que les permita iniciar el proceso de solicitud de refugio. La falta de organización por parte de las autoridades y el escaso personal de la COMAR han exacerbado la situación. En medio de la confusión, se han reportado enfrentamientos y empujones entre los migrantes, quienes, en su desesperación, se ven obligados a enfrentar la falta de un sistema claro y justo.
En este contexto de caos, Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos, ha denunciado públicamente la situación. En su manifestación, señaló que los migrantes no deben ser considerados criminales por el solo hecho de buscar una vida mejor. “Es un derecho internacional”, afirmó, haciendo referencia a la Constitución Mexicana, la cual establece que cualquier persona que pise suelo mexicano tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto. Según el artículo primero de la Constitución, las personas, sean migrantes o no, deben gozar de los mismos derechos que los ciudadanos mexicanos.
El defensor de derechos humanos también aprovechó su presencia en el lugar para lanzar un llamado a las autoridades del INM y de la COMAR. Señaló que el Gobierno mexicano tiene la obligación de respetar las leyes internacionales en materia de asilo y refugio, y de proporcionar un trato digno a los solicitantes. En particular, García Villagrán pidió a la titular de la COMAR en Tapachula, Seto, que se estableciera un sistema ordenado para la entrega de fichas y que se pusiera fin a la reventa de lugares en la fila, una práctica que ha generado numerosos conflictos entre los migrantes.
“Exigimos que se respete la ley, que se otorgue certeza jurídica a los migrantes y que no se les persiga como criminales”, expresó García Villagrán. Además, pidió que el INM se abstuviera de realizar operativos que vulneren los derechos de los migrantes y que no se les busque en sus casas o alojamientos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
CONDICIONES INHUMANAS EN LA FILA
El ambiente en las afueras de la oficina de la COMAR es cada vez más tenso. En los últimos días, se ha reportado que miles de migrantes se ven obligados a dormir en la fila durante días, exponiéndose a las inclemencias del tiempo y a la falta de servicios básicos. Entre ellos, muchos temen ser víctimas de la violencia de grupos organizados que, en algunos casos, se han dedicado a la venta de lugares en la fila.
Una mujer migrante, que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, relató cómo se han visto obligados a ceder sus lugares a personas armadas, quienes los amenazan con machetes y cuchillos si no entregan sus posiciones. “No queremos regresar a Cuba, aunque tenemos miedo por esos hombres armados, pero tenemos que hacer este trámite en la COMAR para que migración no nos detenga”, expresó, con una mezcla de temor y esperanza por obtener la protección que tanto necesitan.
EL LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
La manifestación de García Villagrán refleja un grito de desesperación de miles de migrantes que, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades mexicanas, se ven obligados a luchar por su derecho a vivir sin miedo. En sus palabras, también hizo un llamado a la solidaridad, recordando que todos los seres humanos tienen derecho a un futuro mejor, independientemente de su nacionalidad.
“Hoy les pedimos a las autoridades que no sigan tratando a los migrantes como criminales, que no sigan persiguiéndolos. Los migrantes no son criminales, son seres humanos que lo único que buscan es trabajar y salir adelante”, concluyó García Villagrán, mientras las filas de migrantes seguían extendiéndose en el calor sofocante de Tapachula.
México podría estar al borde de una crisis migratoria sin precedentes, derivada de la llegada diaria de miles de migrantes indocumentados a través de la frontera sur con Guatemala, un flujo que podría empeorar con los más de 50 mil migrantes que actualmente se encuentran en Chiapas, y con los miles que serán deportados de Estados Unidos y decidirán quedarse en territorio mexicano.
José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas, A.C., alertó sobre la magnitud de lo que podría ser una crisis migratoria sin precedentes. Expuso que además de los más de 50 mil migrantes que ya están en Chiapas, el panorama se complicará aún más con los migrantes que han sido deportados de Estados Unidos y los que siguen llegando de forma constante. “Esto se va a convertir en un caos que difícilmente se podrá resolver si no hay voluntad para hacerlo. No hay interés por parte de las autoridades mexicanas”, señaló Blanco Urbina, quien advirtió que la falta de acción podría llevar a una crisis humanitaria en la región.
En los municipios de la zona fronteriza del estado, más de 50 mil migrantes indocumentados se encuentran atrapados en un limbo, esperando la oportunidad de avanzar hacia el norte para llegar a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, las políticas migratorias más restrictivas impuestas por el Gobierno estadounidense, particularmente durante la administración de Donald Trump, han cerrado muchas de las puertas que los migrantes solían utilizar para cruzar al norte.
Blanco Urbina destacó que para los migrantes, México ya no es considerado un país seguro. “Están indefensos”, expresó, aludiendo a la reciente suspensión de la aplicación en línea “CBP One” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que permitía a los migrantes solicitar citas para su proceso de asilo. Esta medida ha dejado a los migrantes en una situación de vulnerabilidad aún mayor.
La precariedad de la situación no solo se refleja en la inseguridad que enfrentan los migrantes, sino también en la creciente amenaza de caer en manos del crimen organizado. El llamado “Cártel de Migración” ha aprovechado la desprotección de los migrantes para extorsionarlos, someterlos a abusos por parte de mafias de traficantes de personas, y en algunos casos, secuestrarlos. Estos riesgos aumentan a medida que los indocumentadosatraviesan rutas controladas por grupos criminales, donde la violencia es extrema.
Blanco Urbina también mencionó que, a pesar de los esfuerzos de los extranjeros por organizarse en caravanas, la violencia en las rutas, sumada a la falta de protección por parte del Gobierno, deja a cientos de miles de personasen una situación de total incertidumbre. “Están fuera de sus hogares, sin ninguna esperanza, expuestos a todos los riesgos, y la única solución que ven es seguir adelante, aun cuando eso signifique arriesgar sus vidas”.
México se enfrenta así a una crisis migratoria de grandes proporciones, que, si no se aborda con políticas públicas claras y acciones concretas, podría desbordar las capacidades del Gobierno y las organizaciones humanitarias en el país, dejando a miles de migrantes en una situación de indefensión extrema.
A medida que el conflicto se intensifica, las autoridades mexicanas se encuentran bajo presión para resolver una crisis humanitaria que no solo afecta a los indocumentados, sino también a las comunidades locales que se ven atrapadas en un sistema colapsado. El clamor por la justicia, la dignidad y la equidad sigue creciendo, y el futuro de miles de personas depende de la capacidad del Gobierno mexicano para garantizar sus derechos fundamentales.
