La ausencia de una resolución internacional definitiva ha coincidido con un deterioro en la seguridad regional
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
El 12 de agosto quedó inscrito como una fecha que, para las comunidades de Los Altos de Chiapas, no se borrará jamás. Ese día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —rebautizada por las víctimas como Suprema Corte de Injusticia— ordenó la liberación de varios de los autores materiales de la Masacre de Acteal. Los ministros que avalaron esta decisión fueron José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
La resolución, adoptada bajo el argumento de “fallas en el debido proceso”, dejó en libertad a hombres condenados por la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en la que fueron asesinadas 45 personas —incluyendo mujeres embarazadas y niños— pertenecientes a la organización civil pacifista Las Abejas de Acteal.
Para los sobrevivientes y familiares, esta decisión no fue un mero tecnicismo jurídico: significó, en sus palabras, “un acto de complicidad con la impunidad” y una “segunda agresión” a la memoria de quienes murieron.
LA MASACRE Y EL CONTEXTO DE GUERRA DE CONTRAINSURGENCIA
La Masacre de Acteal ocurrió en el municipio de Chenalhó, Chiapas, en pleno auge del conflicto derivado del levantamiento zapatista de 1994. Según denuncias de la época, el Gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León implementó el Plan de Campaña Chiapas 94, estrategia militar que incluyó el financiamiento y adiestramiento de grupos paramilitares en la región.
El 22 de diciembre de 1997, un grupo de hombres armados —identificados como paramilitares priistas y cardenistas— atacó a integrantes de Las Abejas que se encontraban orando en la ermita de Acteal. Entre las víctimas hubo mujeres embarazadas a las que les fueron extraídos sus bebés del vientre, así como menores de edad.
La matanza, calificada por organismos nacionales e internacionales como crimen de lesa humanidad, dejó una profunda herida en las comunidades tsotsiles y un precedente doloroso en la historia de México.
EL FALLO DE LA CORTE Y LA INDIGNACIÓN
El 12 de agosto, años después de las condenas iniciales, la SCJN ordenó la liberación de varios de los paramilitares encarcelados. Los ministros argumentaron que los procesos judiciales presentaban irregularidades y violaciones al debido proceso.
Sin embargo, para Las Abejas, estos fallos desestimaron pruebas y testimonios fundamentales, privilegiando formalismos jurídicos sobre la verdad histórica. La decisión fue percibida como un encubrimiento de los autores intelectuales, entre ellos, según la organización, el propio expresidente Ernesto Zedillo, el entonces secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el general Enrique Cervantes Aguirre, el general Mario Renán Castillo y el exgobernador Julio César Ruiz Ferro.
“Los ministros se convirtieron en cómplices de la corrupción y de la impunidad”, señalaron en un comunicado. “Liberaron a los asesinos materiales para proteger a los autores intelectuales”.
MEMORIA Y RESISTENCIA INTERGENERACIONAL
Más de un cuarto de siglo después, Las Abejas mantiene una lucha por justicia, memoria y verdad. La nueva generación, integrada por hijos, hijas y nietos de las víctimas, ha tomado el relevo. “No conocimos a nuestras abuelas y abuelos por culpa de Zedillo, de los paramilitares y del Ejército”, afirman.
Para la juventud de la organización, el compromiso es claro: continuar el Camino de la Paz que sus mayores defendieron hasta el final, pero sin renunciar a la exigencia de justicia. “Aunque nuestros mayores tal vez no alcancen a verla, nosotros sí lograremos que llegue”, expresan.
EL CASO EN LA CIDH Y LA DEUDA INTERNACIONAL
Desde hace más de una década, el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el expediente 12.790, “Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal)”. Según las víctimas, la CIDH no ha emitido aún su informe de fondo, lo que ha contribuido a prolongar la impunidad.
La ausencia de una resolución internacional definitiva ha coincidido con un deterioro en la seguridad de la región, incluyendo el asesinato de defensores comunitarios como Simón Pedro Pérez López y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), entre ellas su directora, Dora Robledo.
Para las comunidades, la impunidad en Acteal no recae únicamente en el sexenio de Zedillo. También responsabilizan a los gobiernos posteriores, incluido el actual, que se presenta como de izquierda pero que —afirman— ha tolerado el asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios.
La Masacre de Acteal, insisten, es un caso paradigmático que demuestra la continuidad de la violencia de Estado y la falta de sanción a quienes ordenan y ejecutan crímenes contra pueblos organizados.
UNA MEMORIA QUE SE VINCULA CON OTRAS LUCHAS
En sus recientes comunicados, Las Abejas han extendido su solidaridad hacia otros pueblos que sufren violencia y exterminio. Han expresado apoyo al pueblo palestino, denunciando el papel de los gobiernos de Israel y Estados Unidos en lo que llaman “un genocidio atroz”.
Aunque reconocen que no tienen el poder para detener la barbarie, sostienen que unir las voces en denuncia es un paso imprescindible para salvar vidas y evitar que el silencio se convierta en cómplice.
EL SIGNIFICADO DEL 12 DE AGOSTO
Para los habitantes de Acteal, el 12 de agosto no es solo una fecha judicial. Es un recordatorio de que el sistema de justicia en México, en palabras de las víctimas, “no alcanza al sentido profundo de la justicia” y que la memoria de los muertos sigue siendo un terreno en disputa.
Ese día simboliza una fractura en la confianza hacia las instituciones judiciales, pero también un punto de inflexión en la resistencia de las comunidades, que han decidido no dejar que el olvido cubra la historia.
En la ermita donde ocurrió la masacre, la memoria persiste entre cruces, nombres y flores. Cada aniversario, las voces se alzan para decir que Acteal no fue una tragedia aislada, sino un crimen de Estado, y que mientras no haya castigo a los responsables intelectuales y materiales, la herida seguirá abierta.
La Masacre de Acteal sigue siendo un caso emblemático de impunidad en México. La liberación de los paramilitares, decidida el 12 de agosto por la SCJN, marcó para las víctimas una nueva agresión, un acto que refuerza la percepción de que las instituciones no están del lado de los pueblos.
Lejos de desistir, Las Abejas y sus nuevas generaciones han tomado esta fecha como un estandarte de resistencia, con la convicción de que la justicia verdadera no llegará por voluntad de los poderosos, sino por la perseverancia de quienes se niegan a olvidar.
