La sentencia de un solo implicado deja muchas preguntas sin respuesta e indicios de que estén persiguiendo a autores intelectuales
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
A 10 meses del asesinato del sacerdote jesuita Marcelo Pérez Pérez, uno de los rostros más visibles en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y contra el avance de la delincuencia organizada en Los Altos de Chiapas, la justicia parece haber dado su primer paso. Sin embargo, en un estado asediado por la violencia, el desplazamiento forzado y la impunidad, la condena de uno de los autores materiales del crimen se percibe más como un acto simbólico que como un cierre real al caso.
El pasado miércoles, el juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, dictó una sentencia de 20 años de prisión a Edgar Rolando Mares Banda, alias “El Canelo”, por el homicidio calificado del sacerdote. Mares Banda, identificado como miembro del grupo criminal de “Los Herrera”, fue declarado culpable tras una exhaustiva investigación encabezada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República (FGR).
El 20 de octubre de 2024, el padre Marcelo Pérez celebró lo que sería su última misa en la Iglesia de Guadalupe, ubicada en el barrio de Cuxtitali. A su salida, al abordar su automóvil, fue emboscado por dos sicarios a bordo de una motocicleta que le dispararon repetidamente, quitándole la vida frente a feligreses y transeúntes. La noticia conmocionó no solo a la comunidad local, sino a todo el país.
El crimen ocurrió en un contexto de creciente violencia en la región. Desde años antes, el padre Marcelo había denunciado públicamente la presencia creciente de grupos del crimen organizado como “Los Herrera” y “El Machete”, quienes se disputan con brutalidad el control de Pantelhó, Chenalhó y otras regiones serranas. Producto de estos enfrentamientos, miles de indígenas fueron desplazados forzosamente de sus comunidades.
Marcelo Pérez, además de sacerdote, era reconocido por su papel como defensor de derechos humanos y voz incómoda para las autoridades. Fue uno de los pocos líderes religiosos que denunció activamente la complicidad de autoridades municipales y estatales con los grupos criminales. Esta labor le costó amenazas constantes y finalmente, la vida.
EL MAPA CRIMINAL: LOS HERRERA VS EL MACHETE
El dictamen judicial y las investigaciones de la FGR han confirmado que “El Canelo”, el sicario condenado, pertenece a Los Herrera, grupo que opera en Chiapas desde hace al menos una década. Esta organización se dedica a actividades ilícitas como secuestro, extorsión, cobro de piso y reclutamiento forzado, y ha sido señalada como una de las responsables del desplazamiento de más de 15 mil personas en el estado desde 2022.
Los Herrera mantienen una guerra abierta con el grupo “El Machete”, una organización autodenominada “de autodefensas”, aunque con claros vínculos con el crimen organizado, según autoridades federales. El territorio en disputa abarca regiones estratégicas para el trasiego de drogas, el cultivo de marihuana y amapola, así como rutas hacia la frontera con Guatemala.
Ambos grupos han sumido a comunidades enteras en un estado de terror permanente. Las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y ataques armados son parte del día a día. A pesar de ello, la respuesta gubernamental ha sido fragmentada, y muchas veces más política que estructural.
El hecho de que el caso haya sido atraído por la FEADLE no es menor. La fiscalía, encargada de investigar crímenes relacionados con la libertad de expresión, demostró que el asesinato no fue una ejecución común, fue un intento por silenciar la voz de una figura incómoda para el status quo.
En audiencia, el juez reconoció que existían pruebas suficientes para establecer no solo la autoría material de “El Canelo”, sino la motivación detrás del asesinato: el activismo social y religioso del sacerdote.
Sin embargo, la condena de un solo implicado deja muchas preguntas sin respuesta. El cómplice de “El Canelo” aún no ha sido detenido, y no hay indicios de que las autoridades estén persiguiendo a los autores intelectuales. Tampoco se ha señalado a los posibles nexos entre los grupos criminales y funcionarios locales que, según testimonios de la comunidad, permitieron que estas organizaciones operaran impunemente.
El 26 de enero de 2025, más de siete mil indígenas pertenecientes a los pueblos tojolabal, tsotsil, tseltal, zoque, mam, chuc, chol y cachique, acompañados de organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y ambientales, realizaron una marcha pacífica en San Cristóbal de Las Casas para exigir justicia.
La manifestación fue convocada por la organización católica Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal, bajo el lema: “Un solo corazón por la paz”. En un ambiente marcado por tambores, caracoles y banderines con la imagen de la Virgen María, los manifestantes exigieron el desarme y desarticulación de los grupos criminales, así como una postura clara del Gobierno federal.
“Estás con el pueblo o estás con el crimen”, fue el mensaje directo dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de mantener un discurso ambiguo frente a la violencia en el sur del país.
La protesta terminó con la lectura de un comunicado donde se demandó el reconocimiento público de las víctimas del desplazamiento forzado, la justicia plena por el asesinato del padre Marcelo Pérez y un alto a la impunidad. El obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro, fue claro al declarar: “Vemos que el Gobierno actúa en la superficie, pero no va a la raíz. Y la raíz es donde se origina todo esto”.
El asesinato del padre Marcelo Pérez no fue solo la pérdida de un líder religioso; fue también un ataque directo contra una estructura comunitaria de resistencia, una red que durante años ha luchado por mantener vivos los principios de autonomía, dignidad y justicia en uno de los estados más olvidados del país.
La figura del sacerdote sigue presente en las oraciones, las marchas y las demandas de justicia. Para muchos, su muerte ha sido un parteaguas: la gota que colmó el vaso en un estado secuestrado por el crimen, la impunidad y el abandono institucional.
Aunque la sentencia contra “El Canelo” representa un avance, la comunidad no olvida que falta mucho por esclarecer: ¿quién dio la orden? ¿Qué papel jugaron las autoridades locales? ¿Qué otros intereses se ocultan detrás del asesinato?
A casi un año del crimen, el caso Marcelo Pérez simboliza una lucha mayor: la de los pueblos indígenas por sobrevivir, resistir y sanar. El dolor por la pérdida del sacerdote se ha transformado en fuerza comunitaria, y aunque el camino hacia la verdad completa aún es largo, la semilla de justicia sembrada por Marcelo sigue dando frutos.
Mientras tanto, el pueblo creyente camina, ora y resiste. Porque aunque han intentado callar sus voces, en los caracoles y los rezos aún resuena fuerte el eco de su mensaje: paz con justicia, y justicia sin impunidad.
