La falta de ajustes en el marco jurídico mantiene a agresores prófugos y expone a las víctimas a mayores riesgos
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A partir de recientes casos de violencia contra mujeres en Chiapas que permanecen sin detenidos, el debate sobre la eficacia del sistema de justicia vuelve a centrarse en los vacíos legales que ralentizan la actuación de las autoridades. La falta de detenciones no solo genera indignación social, también exhibe las limitaciones estructurales para responder con inmediatez ante delitos de alto impacto.
Con un marco jurídico que exige procesos sólidos antes de emitir órdenes de aprehensión, la integración de carpetas de investigación se convierte en un punto crítico que puede retrasar la captura de presuntos agresores. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicaron que más del 90 por ciento de los casos de violencia contra mujeres en México no derivan en una sentencia condenatoria, lo que comprueba fallas en todo el proceso judicial.
A medida que las denuncias aumentan, también crece la presión sobre las instituciones para actuar con mayor rapidez sin vulnerar derechos procesales. En 2024, la comarca registró más de seis mil denuncias por violencia familiar, una cifra que colocó a este delito entre los más recurrentes y que exige respuestas más ágiles por parte de las autoridades. La brecha entre denuncia y sanción continúa siendo uno de los principales desafíos.
En un escenario donde la legalidad establece límites claros para la detención, la revisión del marco normativo surgió como una alternativa para equilibrar el debido proceso con la urgencia de proteger a las víctimas. A nivel nacional, solo el 25 por ciento de las órdenes de aprehensión por delitos de género se ejecutan en los primeros meses, lo que incrementa el riesgo de fuga y revictimización.
Frente a este panorama, la exigencia de justicia no solo implica castigar a los responsables, también fortalecer mecanismos preventivos y de atención inmediata. Más del 70 por ciento de las mujeres en México ha enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que convierte este problema en una prioridad que demanda ajustes legales, operativos y sociales para garantizar condiciones reales de seguridad.
