Sin la posibilidad de recurrir a prórrogas generalizadas, las localidades enfrentan mayor presión para cumplir con una obligación clave
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A pocos días de que venza el plazo legal para la entrega de la Cuenta Pública 2025, el bajo nivel de cumplimiento entre los ayuntamientos de Chiapas vuelve a colocar en entredicho la disciplina administrativa en el manejo de recursos públicos. Apenas cerca de 50 municipios han presentado sus informes, lo que deja a la mayoría en una situación de rezago que podría traducirse en observaciones y sanciones.
Con el calendario en contra, la falta de reportes adquirió mayor relevancia si se considera que más del 70 por ciento del presupuesto municipal se destinó a servicios básicos y obra pública, áreas que requieren vigilancia constante. La ausencia de información limita la fiscalización efectiva y debilita los mecanismos de control sobre el uso del dinero público.
El contraste con el año anterior resultó significativo, dado que en ese periodo se alcanzó un cumplimiento cercano al 98 por ciento, lo cual se considera un referente en materia de transparencia local. Sin embargo, estudios de fiscalización advirtieron que el 45 por ciento de los informes entregados fuera de tiempo presentaron inconsistencias, lo que incrementó la probabilidad de observaciones por parte de las autoridades.
Al eliminarse la práctica de otorgar prórrogas de manera generalizada, se busca modificar una dinámica que durante años permitió a los municipios postergar la rendición de cuentas. A nivel nacional, cerca del 30 por ciento de los gobiernos locales ha recurrido a extensiones de plazo como estrategia recurrente, lo que ha generado rezagos estructurales en los procesos de revisión financiera.
Ante la posibilidad de enfrentar procedimientos administrativos, el incumplimiento se ha transformado en un riesgo para la estabilidad de los gobiernos municipales. Más de 300 servidores públicos participan en procesos vinculados a la fiscalización en la comarca, lo que colocó a la rendición de cuentas como un eje central no solo para la transparencia, también para la permanencia de quienes administran los recursos públicos.
