Recriminan al edil “falta de compromiso” y le recuerdan que “se debe a la comunidad, no al Gobierno de Oaxaca”
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En el marco de una tensa asamblea general celebrada el pasado sábado en la cabecera municipal de Santa María Chimalapa, comuneros zoques exigieron al presidente municipal, Manuel Ángel Jiménez, un respaldo más decidido y sustancial en el conflicto agrario que enfrenta a esta comunidad oaxaqueña con dos ejidos chiapanecos: Canaán y Cal y Mayor. La reunión, que derivó en un cuestionamiento directo al edil, puso al descubierto las grietas en la relación entre la autoridad municipal y la asamblea comunal, luego de que se dieran a conocer los gastos del reciente viaje de protesta a la Ciudad de México.
De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales y cuentas oficiales de los comuneros, fue el dirigente comunal, Jesús Esteva González, quien presentó un pormenorizado informe financiero ante cientos de asistentes. En su intervención, Esteva González detalló que la movilización de casi 40 comuneros a la capital del país, realizada durante la primera semana del mes en curso, tuvo un costo cercano a los 500 mil pesos. Dicho viaje tuvo como objetivo principal interponer un recurso de amparo ante las autoridades del Poder Judicial, en un intento por frenar la resolución del Tribunal Superior Agrario (TSA) que otorga derechos sobre una porción del territorio en disputa a los ejidos chiapanecos.
El dato generó sorpresa e indignación entre los asistentes, dado que, según expresaron durante la asamblea, tenían la creencia de que los gastos de traslados, alimentación, hospedaje y honorarios legales habían sido cubiertos por el Gobierno municipal, como parte de la colaboración institucional en la defensa del territorio comunal. “Nos dijeron que el presidente iba a apoyar, que el ayuntamiento estaba con nosotros. Resulta que la mayoría del dinero salió de nuestros ahorros comunales y de aportaciones voluntarias. El edil brilló por su ausencia”, denunció un comunero que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias.
El malestar no se limitó al aspecto financiero. Durante la asamblea, diversos oradores recriminaron al presidente municipal Manuel Ángel Jiménez su supuesta “falta de apoyo a la lucha agraria” y le exigieron que asuma un mayor compromiso con las autoridades comunales, en lugar de alinearse con las directrices del Gobierno estatal. “Usted se debe a esta comunidad, no a los funcionarios de Oaxaca que le están pidiendo que se mantenga ajeno al conflicto. Si el gobernador o sus secretarios le dicen que no se meta, ¿acaso ellos van a defender nuestras tierras cuando los chiapanecos lleguen con tractores?”, arengó uno de los líderes de la asamblea, en un fragmento captado en video.
El reclamo apunta a una presión política que, según los comuneros, el gobierno de Oaxaca ha ejercido sobre el alcalde para que no se involucre de manera activa en la disputa limítrofe, argumentando que se trata de un asunto que debe resolverse exclusivamente en los tribunales agrarios y no mediante movilizaciones o declaraciones confrontacionales. Sin embargo, para los pobladores de Santa María Chimalapa, la neutralidad del edil equivale a una traición, puesto que consideran que el conflicto no solo es jurídico, sino también una lucha por la supervivencia de su identidad zoque y el control de recursos naturales estratégicos.
ANTECEDENTES: UN CONFLICTO DE MÁS DE TRES DÉCADAS
El litigio agrario entre los comuneros de Santa María Chimalapa –perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca– y los ejidos chiapanecos Canaán y Cal y Mayor se remonta a más de 30 años. La zona en disputa abarca aproximadamente 20 mil hectáreas de selva alta perennifolia, parte de la Reserva de la Biosfera Selva Zoque, una de las regiones con mayor biodiversidad de México y clave para la recarga hídrica de toda la cuenca del río Grijalva.
Los ejidos Canaán y Cal y Mayor, ubicados en el vecino municipio de Cintalapa, Chiapas, han impulsado durante décadas reclamaciones sobre esos territorios, argumentando que sus antepasados los poseían con anterioridad a la delimitación estatal. Por su parte, los comuneros zoques de Santa María Chimalapa sostienen que son los legítimos propietarios desde tiempos inmemoriales, amparados en títulos virreinales y en una posesión continua, pacífica y notoria. La disputa ha escalado en diversos momentos, con bloqueos, tomas de terrenos y hasta enfrentamientos armados que han dejado heridos y desplazados en el pasado.
En años recientes, el Tribunal Superior Agrario (TSA) emitió un fallo que favorece parcialmente a los ejidos chiapanecos, reconociéndoles derechos sobre una fracción del territorio que los chimalapas consideran suyo. Dicha resolución ha sido calificada por los comuneros como “política y lesiva”, dado que aseguran que el tribunal no realizó peritajes técnicos adecuados ni tomó en cuenta la opinión de las comunidades indígenas afectadas, violando con ello el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa, libre e informada.
EL AMPARO Y LOS COSTOS DE LA LUCHA JURÍDICA
Fue precisamente para impugnar ese fallo que el pasado 3 de abril un contingente de 38 comuneros, encabezados por Jesús Esteva González, se trasladó a la Ciudad de México. Durante cuatro días, los representantes de Santa María Chimalapa realizaron diligencias en los juzgados de distrito en materia agraria, entregaron escritos de amparo y se reunieron con organizaciones defensoras de derechos humanos y con algunos legisladores federales para visibilizar su causa.
El informe financiero presentado por Esteva González desglosó gastos por concepto de transporte: tres camionetas alquiladas, combustible, peajes y un autobús para el regreso. Además, se incluyeron viáticos, alimentación, hospedaje en hoteles económicos en la colonia Doctores, así como honorarios de abogados y peritos. El total ascendió a 498 mil 750 pesos. “Nos duele tener que gastar casi medio millón de pesos en un solo viaje, pero es lo que cuesta defender lo nuestro. Lo que pedimos al presidente es que el municipio destine una partida presupuestal fija para la asesoría jurídica y las movilizaciones. No es posible que todo salga del bolsillo de los comuneros”, declaró Esteva González ante la asamblea.
Los comuneros recordaron que el ayuntamiento percibe recursos millonarios por concepto de participaciones federales, fondos de infraestructura social y programas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). “No le pedimos que nos regale nada, sino que cumpla con su obligación de defender a los ciudadanos que lo eligieron. El conflicto es de todos, no solo de la asamblea comunal”, enfatizó un miembro del consejo de vigilancia.
RESPUESTA DEL EDIL: SILENCIO Y TENSIONES CRECIENTES
Hasta el cierre de esta edición, el presidente municipal Manuel Ángel Jiménez no había emitido una declaración pública oficial sobre los señalamientos de la asamblea. Sin embargo, fuentes cercanas a la comuna indicaron que el alcalde se encuentra en una posición delicada: por un lado, la presión de los comuneros para que asuma un rol protagónico en la lucha territorial; por el otro, las llamadas de atención del Gobierno estatal, que le habrían sugerido abstenerse de cualquier acción que pudiera ser interpretada como un desafío a la resolución del TSA o como un conflicto interestatal.
En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz se ha mantenido al margen de la controversia, aunque en declaraciones pasadas señaló que “el Gobierno de Oaxaca respetará cualquier determinación de los tribunales agrarios”. Esta postura ha sido criticada duramente por los chimalapas, quienes consideran que el ejecutivo estatal ha abandonado su responsabilidad de defender la integridad territorial de las comunidades oaxaqueñas. “Mientras Chiapas moviliza recursos y abogados para sus ejidos, nuestro gobernador nos da la espalda. Por eso le exigimos al presidente municipal que no se deje intimidar y que se ponga del lado de su pueblo”, lamentó un anciano de la comunidad durante la asamblea.
LA AMENAZA DE UNA LUCHA LARGA Y DESGASTANTE
Los comuneros son conscientes de que el proceso legal podría extenderse por años. El Tribunal Superior Agrario, si bien emitió un fallo favorable a Canaán y Cal y Mayor, aún debe resolver recursos de revisión y quejas. Además, el amparo promovido por Santa María Chimalapa tendrá que ser analizado por un juzgado de distrito, y posteriormente podría llegar a un tribunal colegiado o incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese escenario, los gastos legales y logísticos se multiplicarán.
“Esto no termina en un mes ni en un año. Vamos a necesitar llevar comitivas a la Ciudad de México cada vez que nos llamen, pagar peritajes, notificaciones y abogados especializados. Si el presidente no se compromete ahora con un apoyo económico sostenido, la asamblea tendrá que tomar decisiones más drásticas”, advirtió Jesús Esteva González.
Entre las posibles medidas que los comuneros barajan está la realización de bloqueos en la carretera Transístmica, la suspensión de actividades productivas y la exigencia de una consulta vecinal para revocar el mandato del presidente municipal, figura que no está prevista en los usos y costumbres de la comunidad pero que podría ser planteada como un mecanismo de presión política.
EL PAPEL DE LOS USOS Y COSTUMBRES
Santa María Chimalapa se rige por el sistema normativo indígena de usos y costumbres, donde la asamblea comunal es la máxima autoridad. En este marco, el presidente municipal es considerado un servidor público sujeto al control y vigilancia de la asamblea, y no un funcionario autónomo. Por ello, la exigencia de rendición de cuentas y de alineación con las decisiones colectivas tiene un peso cultural y jurídico significativo.
“En nuestras comunidades, el edil es un mandado, no un patrón. Si la asamblea le dice que apoye la lucha agraria, él debe apoyar, aunque el Gobierno del estado le dé otras instrucciones. Eso es lo que no entiende Manuel Ángel Jiménez: él nos pertenece a nosotros, no a los burócratas de Oaxaca”, sentenció un comunero de edad avanzada.
El conflicto también ha puesto en evidencia las limitaciones del modelo de usos y costumbres cuando se enfrenta a intereses externos y a presiones políticas de mayor escala. Mientras la comunidad demanda unidad y liderazgo, el presidente municipal parece oscilar entre dos lealtades: la de su pueblo y la del Gobierno estatal, que controla los recursos y las relaciones institucionales.
REACCIONES Y LLAMADO A LA MEDIACIÓN
Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” y la Red de Defensores Comunitarios han manifestado su preocupación por la escalada del conflicto y han llamado a las autoridades federales y estatales a intervenir como mediadoras, antes de que se produzcan enfrentamientos violentos. En un comunicado, señalaron que “la resolución del TSA no ha resuelto el fondo del problema, sino que ha avivado las tensiones. Se requiere una solución integral que reconozca los derechos territoriales de los pueblos zoques y garantice su participación efectiva en cualquier decisión”.
Por su parte, dirigentes ejidales de Canaán y Cal y Mayor, consultados vía telefónica, rechazaron las acusaciones de los comuneros oaxaqueños. “Nosotros también somos campesinos y tenemos títulos agrarios legítimos. No queremos conflicto, pero defenderemos lo que la ley nos ha otorgado. Si ellos quieren amparos, que los promuevan, pero que no nos amenacen con bloqueos ni con violencia”, declaró un representante de uno de los ejidos chiapanecos.
La asamblea del sábado concluyó con un acuerdo: los comuneros darán un plazo de 15 días al presidente municipal Manuel Ángel Jiménez para que presente un plan de apoyo integral a la lucha agraria, que incluya una partida presupuestal específica, la gestión de recursos ante el Gobierno federal y la participación directa del edil en las próximas diligencias jurídicas. De no obtener una respuesta satisfactoria, la asamblea evalúa iniciar un proceso de revocación del mandato o de suspensión de labores municipales.
Mientras tanto, en la Selva Zoque, el tiempo corre. Los comuneros saben que cada día que pasa sin una defensa sólida acerca a los ejidos chiapanecos a tomar posesión de los terrenos en disputa. “No queremos llegar a los golpes, pero estamos dispuestos a dar la vida por nuestra tierra. Lo que pedimos es que nuestro presidente nos acompañe, que no nos deje solos frente a los poderosos. Eso es todo”, resumió un joven comunero antes de retirarse de la asamblea.
La nota periodística deberá actualizarse conforme se reciban declaraciones del ayuntamiento de Santa María Chimalapa y del Gobierno del estado de Oaxaca. Por lo pronto, la exigencia de los comuneros resuena con fuerza en la región del Istmo: “El presidente se debe a la comunidad, no al Gobierno de Oaxaca”. La frase, repetida hasta el cansancio en la asamblea, se ha convertido en un grito de guerra que podría definir el futuro político de Manuel Ángel Jiménez y, sobre todo, el destino de las tierras que los zoques han habitado por siglos.
