No solo terminó con la vida de un joven de 27 años, silenció la corona, el brillo y legado de una figura emblemática de la diversidad sexual en el sureste mexicano
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La violencia homofóbica y la impunidad mantienen en vilo a la población LGBTIQ+ en el sur de México. El asesinato de Noé Alejandro López Martínez, “Reina de Reinas” del certamen de belleza gay, no solo enlutó a la comunidad, sino que destapó la cruda realidad de un estado donde los crímenes de odio aumentan mientras las leyes duermen en el congreso.
La noche del sábado, el sonido de las detonaciones rompió la aparente calma de la colonia Linda Vista Poniente, en el municipio de Cintalapa, fronterizo con Oaxaca. El eco de los disparos, provenientes de la calle José María Morelos, no solo terminó con la vida de un joven de 27 años; silenció la corona, el brillo y el legado de una figura emblemática de la diversidad sexual en el sureste mexicano.
La víctima fue identificada como Noé Alejandro López Martínez, conocido en el ámbito artístico y social como Fernanda Palacios. Actual ganador del certamen Reina de Reinas edición 2025 de la organización Mum México Gay, López Martínez estaba programado para entregar su corona en junio próximo, durante la edición XL del certamen en la Ciudad de México. Sin embargo, dos sicarios armados se interpusieron en su camino, desatando una oleada de indignación y miedo que expone una crisis humanitaria latente: el transfeminicidio en Chiapas.
UNA EJECUCIÓN CON TODOS LOS TINTES DEL ODIO
De acuerdo con los partes oficiales y testimonios recabados en el lugar de los hechos, Alejandro se encontraba afuera de una cenaduría cuando fue interceptado por al menos dos hombres armados. Sin mediar palabra, los agresores le dispararon en múltiples ocasiones, huyendo de inmediato. Paramédicos que acudieron al lugar solo pudieron confirmar el deceso.
“A nuestra Reina de Reinas México le fue arrebatada la vida de una muerte cobarde y despiadada”, publicó la organización Mum México Gay en sus redes sociales, exigiendo justicia y el esclarecimiento del hecho bajo el protocolo de crimen de odio. “Que la justicia se haga valer y que su familia pronto encuentre la tranquilidad en su alma y corazón. Es una gran pérdida para todos”.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado de Chiapas no había emitido información oficial sobre el avance de las investigaciones, ni si se contempla la línea de homicidio por intolerancia. El cuerpo de López Martínez fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, mientras que sus acompañantes y la comunidad LGBTIQ+ de Cintalapa exigen que este caso no quede en el olvido.
EL CONTEXTO DE VIOLENCIA: NARCOTRÁFICO Y ODIO ESTRUCTURAL
Cintalapa no es un municipio cualquiera. Desde hace más de cinco años, esta zona es un punto caliente en la disputa territorial entre grupos del crimen organizado. La pugna por las rutas del tráfico de drogas, migrantes y armas ha dejado una estela de narcobloqueos, desplazados y cuerpos sin identificar.
Sin embargo, los colectivos de la sociedad civil alertan que criminalizar la violencia contra la comunidad LGBTIQ+ únicamente como un “daño colateral” de la guerra entre cárteles es una falacia. La transfobia está institucionalizada y naturalizada en Chiapas.
“No se trata solo de violencia del narco. Es la violencia del que te ve en la calle, del vecino, del servidor público que te niega tu identidad”, declaró María Marina Román Trujillo, mujer trans, madre, responsable del Área de Salud de Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA A.C. y fundadora de Diversidad, VIH y Sexualidad A.C.
CIFRAS ROJAS: EL 200 POR CIENTO DE VIOLENCIA QUE EL CONGRESO IGNORA
Mientras el cuerpo de Noé Alejandro era velado, las estadísticas presentadas por las organizaciones civiles pintan un panorama desolador para las personas trans en México y particularmente en Chiapas.
Según datos proporcionados por Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C., México se posiciona como el segundo país de América con mayor número de transfeminicidios y personas trans desaparecidas. En el estado de Chiapas, la situación es crítica: la violencia transfeminicida aumentó un 200 por ciento durante el año 2025.
Paradójicamente, a pesar de este incremento brutal, el delito de Transfeminicidio no está tipificado en el código penal de Chiapas. Esta omisión legislativa provoca que, en la práctica, estos asesinatos sean investigados como homicidios simples o feminicidios (cuando la víctima es mujer cisgénero), invisibilizando el móvil de odio por identidad o expresión de género.
“Ser una persona trans y no binaria en estas épocas de discursos de odio y anti derechos es a menudo una sentencia de desaparecer”, expresó Román Trujillo en un comunicado urgente. “Significa que tu familia posiblemente te rechace, que tu identidad sea borrada, que muchas oportunidades de trabajo digno nos sean negadas”.
FEMINICIDIOS EN PARALELO: LA VIOLENCIA NO DISCRIMINA (PERO EL ESTADO SÍ)
La jornada del sábado fue doblemente trágica para las mujeres en Chiapas. Mientras en Cintalapa asesinaban a Alejandro, en el municipio de Tuxtla Chico, fronterizo con Guatemala, era inhumado el cuerpo de Beany Lozano García, una joven de apenas 18 años que recibió un disparo en la cabeza por parte de su novio.
Según la organización 50+1, en lo que va del año (periodo enero-abril 2026), Chiapas suma 14 feminicidios, con un pico alarmante en el mes de marzo, donde se registraron seis casos. Estas cifras reflejan una entidad donde la violencia de género se ha desbordado, y donde las mujeres trans, al cruzar la intersección del machismo y la transfobia, son las más vulnerables.
EL LLAMADO DESESPERADO POR UNA LEY DE IDENTIDAD TRANS
Ante la falta de voluntad política, los colectivos han endurecido su postura. No se trata solo de castigar a los asesinos de Noé Alejandro, sino de generar mecanismos de prevención y acceso a la justicia.
Uno de los puntos más críticos señalados por la activista Román Trujillo es el derecho a la identidad. Actualmente, en las fichas de búsqueda de personas desaparecidas y en los protocolos de necropsia, las autoridades suelen utilizar el “nombre de nacimiento” (cisnormado) en lugar del “nombre elegido” por la persona trans.
“No respetar nuestro nombre elegido vulnera nuestros más básicos derechos y, en muchas ocasiones, imposibilita nuestra localización”, denunció la activista, haciendo un llamado al Congreso del Estado de Chiapas para la aprobación inmediata de la iniciativa a favor de las identidades Trans.
Además, se señaló la grave crisis en los servicios de salud. “Los servicios de salud de todos los niveles carecen de personal capacitado para la atención de personas trans. Existen protocolos de atención, pero son del total desconocimiento de servidores públicos que deben aplicarlos”, agregó Román Trujillo, advirtiendo que el discurso estigmatizante de algunas instancias gubernamentales pone en peligro la salud de toda la población trans.
CONCLUSIÓN: JUSTICIA EN UN MAR DE IMPUNIDAD
Mientras el certamen Reina de Reinas México XL 2026 se llevará a cabo entre el 24 y 26 de junio en la capital del país, en Cintalapa la ausencia de las autoridades resuena más fuerte que los tambores de la fiesta. Noé Alejandro no podrá poner su corona.
“Hemos caminado, sí, a paso lento, pero seguro, aún falta mucho camino por recorrer”, concluyó Román Trujillo. “Es hora de abandonar el estigma de personas violentas. Es hora de demostrar que las generaciones y liderazgos cambian, pero que la resistencia trans quiere ser visible y feliz a partir de hoy y para siempre”.
Colectivos como Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA A.C. y Diversidad, VIH y Sexualidad A.C. han emitido una alerta máxima. Exigen al gobierno estatal, encabezado por el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, implementar protocolos de ley, tipificar el transfeminicidio y garantizar el respeto a la identidad de género. La pregunta que queda en el aire, mientras la sangre aún se seca en el asfalto de Cintalapa, es: ¿Cuántas Reinas más tendrán que caer para que el Estado las reconozca como lo que son: víctimas de un sistema que las odia?
