La sentencia de 110 años fue emitida a pesar de la falta de testigos directos que puedan señalarla como responsable
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En el mes del Día Internacional de la Mujer, una sentencia en Chiapas ha puesto en evidencia las graves falencias del sistema judicial en el estado. Alejandra, una mujer indígena tseltal del municipio de Yajalón, fue condenada a 110 años de prisión por el delito de secuestro agravado, a pesar de que no existen pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad. La sentencia fue dictada dos días antes de la fecha emblemática para las mujeres en todo el mundo, un día en el que miles de féminas exigen justicia y condiciones equitativas.
La condena de Alejandra, madre de tres hijas, se basa exclusivamente en pruebas circunstanciales que no logran demostrar más allá de una duda razonable su participación en el delito que se le imputa. En un comunicado, la Colectiva Cereza, que ha acompañado el caso, denunció que la sentencia de 110 años fue emitida a pesar de la falta de testigos directos que puedan señalarla como responsable, y de la ausencia de peritajes que la vinculen de manera fehaciente con los hechos. La organización feminista afirmó que esta condena vulnera los derechos humanos de Alejandra, al carecer de un fundamento jurídico sólido y basarse en un razonamiento lógico, pero no en hechos verificables.
La situación de Alejandra resalta un patrón recurrente en Chiapas, donde muchas mujeres, especialmente las indígenas, son juzgadas bajo circunstancias similares, siendo condenadas no por sus acciones, sino por su condición de género y su vínculo familiar. En un estado donde la violencia de género es un tema urgente, el caso de Alejandra se convierte en un reflejo de cómo el sistema de justicia penal sigue fallando a las mujeres, especialmente a las más vulnerables.
La Colectiva Cereza, organización que da acompañamiento legal y psicosocial a mujeres encarceladas y a aquellas que recobran su libertad, expresó su indignación por el trato que recibieron Alejandra y otras mujeres en situaciones similares. “En muchas ocasiones, las mujeres son arrestadas por ser las esposas, concubinas, hermanas o madres de los presuntos delincuentes. El hecho de que estén presentes en el momento de la detención se utiliza en su contra, como si el vínculo afectivo fuera suficiente para hacerlas responsables de los crímenes cometidos por otras personas”, señalaron.
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la equidad y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, la Colectiva Cereza ha querido hacer un llamado a la reflexión sobre las prácticas judiciales en Chiapas, que siguen estigmatizando y criminalizando a las mujeres solo por su relación con los varones involucrados en delitos. “Este tipo de sentencias son una clara manifestación de cómo el sistema patriarcal sigue operando en el ámbito judicial, criminalizando a las mujeres y condenándolas sin una investigación exhaustiva y sin pruebas que respalden las acusaciones”, agregaron.
El caso de Alejandra es solo uno de los muchos ejemplos de injusticias que ocurren con frecuencia en el sistema judicial chiapaneco. Según la organización, a lo largo de los últimos años se ha observado una tendencia creciente de sentencias condenatorias injustas en el estado, muchas de las cuales se basan en un proceso judicial sin garantías, donde las mujeres no reciben una defensa técnica adecuada. Además, los peritos de la Fiscalía, en su mayoría sin la capacitación necesaria, realizan dictámenes que se alinean con los intereses del Ministerio Público, sin la objetividad que exige la ley.
La falta de un debido proceso y la ausencia de pruebas suficientes para sustentar las condenas ponen en evidencia la necesidad urgente de una reforma en el sistema judicial, que garantice a las mujeres el acceso a una justicia imparcial. “Las mujeres, en especial las indígenas, siguen siendo víctimas de un sistema judicial que no les otorga el derecho a una defensa digna, y se les sigue condenando sin pruebas, simplemente por ser mujeres y por el entorno familiar en el que se encuentran”, denunciaron desde la Colectiva Cereza.
En un estado donde la violencia y la discriminación de género son una constante, el caso de Alejandra se suma a la larga lista de mujeres que han sido injustamente privadas de su libertad. La Colectiva Cereza ha insistido en que el sistema de justicia en Chiapas debe garantizar a las mujeres no solo una defensa adecuada, sino también un juicio imparcial, donde las pruebas sean evaluadas de manera objetiva y en el que se respete el principio de presunción de inocencia.
Las integrantes de la Colectiva Cereza. A través de un pronunciamiento, defensoras de derechos humanos señalaron que los órganos de procuración e impartición de justicia carecen de perspectiva de género y de derechos humanos, lo que contribuye a la discriminación estructural en los procesos judiciales.
“La visión de las fiscalías y los jueces sigue siendo patriarcal y sin perspectiva de género ni derechos humanos, lo que constituye una visión que violenta y criminaliza a las mujeres por el hecho de serlo”, acusó la colectiva.
Uno de los principales reclamos es que los jueces y fiscales muestran mayor empatía con los hombres procesados, incluso justificando sus actos con argumentos emocionales o familiares.
“Son capaces de tener empatía con otro hombre porque manifiesta emociones en la sala y construye un discurso de imposibilidad de reacción adecuada por su ‘paternidad’ con uno de los responsables del delito, y porque era el ‘único varón de sus 10 hijos’”, expuso la organización feminista.
La colectiva enfatizó que esta narrativa, además de ser discriminatoria, coloca a las mujeres en una posición de culpabilidad automática, en la que se les atribuye responsabilidad por actos ajenos solo por su relación con los agresores.
“Todo lo anterior es discriminación y criminalización de las mujeres por ser mujeres”, sostuvieron.
Las defensoras exigieron que jueces y juezas cumplan con su obligación constitucional de aplicar la perspectiva de género en sus sentencias, además de considerar el interés superior de la infancia, la protección de los adultos mayores y la interculturalidad en los casos que involucran a comunidades indígenas.
“Los jueces tienen que tomar responsabilidad en primera instancia y juzgar con perspectiva de género, del interés superior de la infancia, de los adultos mayores, interculturalidad y derechos humanos”, reclamaron.
Además, señalaron la necesidad de garantizar la independencia de los tribunales de enjuiciamiento, evitando presiones indebidas por parte de las fiscalías o el Tribunal Superior de Justicia.
“La fiscalía, cuando hay insuficiencia probatoria, pide apoyo a su titular para que a su vez lo haga con su superior y este con el Tribunal Superior de Justicia para que el juez condene. Eso es corrupción y son malas prácticas que deben terminar”, advirtieron.
La colectiva feminista alertó sobre el impacto devastador que tienen las sentencias condenatorias injustas, especialmente cuando las víctimas son mujeres.
“Cuando una persona inocente es condenada, se produce un daño irreparable, individual, pero también familiar, comunitario y social. Y si es una mujer, el daño impacta directamente en sus hijos e hijas, afectándoles física, económica, educativa y psicológicamente”, advirtieron.
Además, mencionaron que muchos menores quedan en situación de vulnerabilidad y riesgo social, viéndose obligados a trabajar en lugar de continuar con sus estudios.
“Se quedan con mucha frecuencia sin acceso a la escuela porque tienen que trabajar o son obligados a ello”, lamentaron.
La Colectiva Cereza también denunció fallas sistemáticas en el debido proceso, la falta de una defensa pública adecuada y la existencia de peritajes sesgados que responden a los intereses de los fiscales del Ministerio Público.
“Seguimos observando muchas sentencias condenatorias injustas. En muchas causas no hay un debido proceso, no hay defensa pública técnica adecuada, los peritos de la fiscalía no tienen preparación técnica suficiente y los que sí, realizan dictámenes ‘a modo’”, sostuvieron.
Además, acusaron a la fiscalía de ejercer presión sobre otras instituciones para fabricar pruebas en su beneficio.
“La fiscalía ejerce presión sobre otras instituciones para que ‘colaboren’ realizando actos que constituyen violaciones a los derechos humanos, como con las procuradurías locales del DIF, que firman entrevistas de la fiscalía a niños y niñas a posteriori sin haber estado presentes”, denunciaron.
Otro de los puntos más graves que señalaron las activistas fue el uso de menores como herramientas para incriminar a sus propias madres.
“La Fiscalía Indígena sigue utilizando a los niños y niñas contra sus madres, manipulando, amenazando y obligando a los adolescentes, lo que viola sus derechos constitucionales y los convenios internacionales de los que es parte México”, afirmaron.
La organización exigió que se tomen medidas urgentes para frenar estas prácticas, que, aseguraron, perpetúan la violencia institucional contra las mujeres y sus familias.
Finalmente, la Colectiva Cereza hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que implemente protocolos de investigación con perspectiva de género y derechos humanos, evitando la criminalización de mujeres por su condición de género.
“Se deben tomar medidas desde la Fiscalía General del Estado para que se investigue con perspectiva de género y derechos humanos, y se dejen de construir delitos contra las mujeres”, exigieron.
Las activistas subrayaron que la justicia no puede seguir operando bajo esquemas que perpetúan la desigualdad y la violencia de género, y advirtieron que continuarán documentando y denunciando casos en los que se vulneren los derechos de las mujeres en el sistema judicial.
La lucha por la justicia no termina en el Día Internacional de la Mujer. Para las mujeres como Alejandra, en este mes es un recordatorio de las muchas barreras que enfrentan diariamente para obtener justicia. La sociedad debe seguir exigiendo que las mujeres, independientemente de su origen étnico o situación económica, tengan acceso a un sistema judicial que respete sus derechos humanos y les ofrezca la oportunidad de defenderse de las acusaciones de manera justa.
