Autoridades ambientales advirtieron que sin voluntad política local, el saneamiento hídrico seguirá siendo una promesa incumplida
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El casi total abandono de las plantas de tratamiento en Chiapas ha convertido a los ríos en depósitos directos de aguas negras, una problemática que afecta a 99 por ciento de los municipios. Esta crisis ambiental, lejos de ser un problema aislado, refleja la carencia de inversión y voluntad política para atender el saneamiento básico, exponiendo a la población a riesgos sanitarios y ecológicos que podrían ser evitados.
A nivel nacional, solo el 30 por ciento de las plantas de tratamiento funcionan correctamente, según la Auditoría Superior de la Federación. En el estado, esta deficiencia se agrava, puesto que la mayoría de las plantas ni siquiera operan, lo que amplifica la contaminación de ríos que ya presentan un 70 por ciento de afectación, según el Instituto Estatal del Agua. Estos cuerpos de agua contaminados se convierten en focos de enfermedades para las comunidades que dependen de ellos.
Además, más de la mitad de los municipios chiapanecos no asignan presupuesto suficiente para el manejo adecuado de sus aguas residuales, lo que exhibe un problema estructural que trasciende lo técnico y se adentra en la política pública. La ausencia de recursos y seguimiento genera que diariamente 400 millones de litros de aguas negras terminen sin tratamiento en ríos y arroyos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un volumen que contamina extensas zonas y pone en jaque la salud ambiental y humana.
El proyecto de rescate impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que busca invertir en nuevas plantas y rehabilitar las existentes, representa una esperanza, aunque depende en gran medida de la voluntad de los ayuntamientos. Sin compromisos claros y recursos suficientes, este esfuerzo corre el riesgo de quedar en letra muerta, mientras la contaminación y sus consecuencias siguen acumulándose.
Para cambiar esta realidad es indispensable entender que el saneamiento no es solo un asunto ambiental, sino un derecho básico para la salud pública. La responsabilidad debe recaer tanto en autoridades como en ciudadanos, con una visión que integre inversión, vigilancia y educación ambiental. Solo así podrá frenarse la degradación de los ríos y garantizar agua limpia para las futuras generaciones en la entidad.
