Pese al incremento en casos, las familias que buscan a sus seres queridos enfrentan una constante indolencia institucional
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La reciente revelación de un presunto campo de exterminio en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, atribuido a uno de los principales grupos criminales del país, ha desatado una ola de indignación en todo México. El hallazgo de cientos de restos humanos y más de 400 pares de zapatos en la zona expone una realidad brutal: la nación sigue sumido en una crisis de desapariciones forzadas, mientras las autoridades parecen incapaces de frenar esta tragedia.
En respuesta a la noticia, miles de personas salieron a las calles en diferentes estados para exigir justicia y respuestas. En la Ciudad de México, manifestantes se concentraron en el Zócalo, la plaza pública más grande del país, donde realizaron un conteo hasta 400 en memoria de las víctimas y trazaron con velas encendidas un mapa simbólico del rancho donde se encontraron las fosas.
Las protestas se replicaron en Guadalajara, Monterrey, Cancún y otras ciudades del país. En Quintana Roo, las madres buscadoras denunciaron la existencia de al menos siete cementerios clandestinos en el estado, algunos de ellos en zonas turísticas, donde los cuerpos han emergido con las lluvias recientes.
MADRES BUSCADORAS DENUNCIAN NUEVAS FOSAS
María Dolores Patrón Pat, presidenta del Colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, señaló que su agrupación ha identificado al menos siete fosas clandestinas en diferentes municipios: Chetumal, Bacalar, Tulum, Bonfil, Villas Otoch, Leona Vicario y Kantunilkin.
“Sabemos que en dos de ellas hay al menos 24 cuerpos. Pero nos preguntamos: ¿cuántos más están aún ocultos bajo la tierra?”, expresó Patrón Pat durante una vigilia en la zona hotelera de Cancún, donde exigieron que las autoridades intervengan en la localización e identificación de restos.
En Monterrey, familias de personas desaparecidas se congregaron en la Explanada de los Héroes, donde encendieron velas y colocaron decenas de pares de zapatos en honor a los hallazgos de Jalisco. Entre los testimonios, Patricia de la Cruz, madre de Fernando Hernández, desaparecido en Tamaulipas en 2022, expresó su frustración por la falta de acciones por parte del Gobierno.
“Nos piden que guardemos silencio en nombre de la patria, pero nosotros no podemos olvidar a nuestros desaparecidos ni dejar de buscarlos”, dijo.
UN PAÍS CONVERTIDO EN FOSA CLANDESTINA
El impacto del hallazgo en Jalisco ha sido profundo y ha reavivado el debate sobre la violencia y la impunidad en México. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 120 mil personas han desaparecido en el país desde la década de 1960, muchas de ellas en los últimos años.
Según Amnistía Internacional, 30 personas desaparecen diariamente en México, lo que ha convertido al país en un escenario de horror para miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos.
La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) denunció que el Gobierno ha sido omiso en la investigación de estos crímenes y exigió que se abran expedientes para identificar los restos hallados en Teuchitlán y en otras fosas clandestinas a nivel nacional.
“No podemos seguir normalizando estos crímenes de lesa humanidad”, expresaron en un comunicado, recordando que 24 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados en México desde 2011 por el simple hecho de buscar a sus seres queridos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido criticada por su postura ante este caso. Mientras colectivos de búsqueda exigen justicia y transparencia, la mandataria ha señalado que la oposición está “magnificando” el problema y ha prometido que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará un informe la próxima semana.
Para los familiares de desaparecidos, esta respuesta es insuficiente. Aurora Corona Rodríguez, madre de Francisco Javier Osiris Hernández, desaparecido en Nuevo León, expresó su desesperación.
“Vivimos en un país de horror. La autoridad, la fiscalía, la presidenta, nadie nos escucha. Nos dejan solas con este dolor y sin respuestas”, dijo durante la manifestación en Monterrey.
CHIAPAS TAMBIÉN ALZA LA VOZ
La indignación por el hallazgo en Jalisco llegó hasta el sureste del país. En Chiapas, familiares de personas desaparecidas, organizados en el colectivo Madres en Resistencia, se sumaron a la jornada de luto nacional y realizaron una vigilia frente a la sede del Gobierno estatal en Tuxtla Gutiérrez.
Colocaron velas, fotografías y zapatos en las escalinatas del Palacio de Gobierno, en un acto simbólico para recordar que la crisis de desapariciones no es exclusiva de Jalisco.
“Sabemos que esto no solo pasa allá, sino que también lo hemos vivido en Chiapas. Este estado es una fosa clandestina”, declaró Isabel Torres, madre de CassandraIsabel Arias Torres, quien fue secuestrada por un grupo armado en Berriozábal el 17 de diciembre de 2022 y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.
Torres denunció que, con la llegada del nuevo Gobierno, se han descubierto más fosas clandestinas en la región.
“Nosotras lo hemos visto como madres, y esto es algo traumático. Nos da mucha tristeza encontrar osamentas, pero al mismo tiempo nos da esperanza de poder darles sepultura a nuestros hijos”, añadió.
Las madres, esposas, hermanas e hijas de los desaparecidos lanzaron un mensaje desesperado a los responsables de estos crímenes.
“Les pedimos que no los quemen, que no los mutilen. Si ya pagaron con su vida, que al menos los dejen en algún sitio donde podamos encontrarlos”, suplicaron.
UN LLAMADO A LA JUSTICIA
En el marco de la vigilia en Tuxtla Gutiérrez, los familiares colocaron siluetas de cartón con el tamaño real de sus desaparecidos, representando el vacío que han dejado en sus vidas.
Jazmín Chavarría, hija de Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido el 8 de mayo de 2023 en la capital chiapaneca, expresó su dolor y determinación.
“Deseo encontrar a mi padre con vida, pero si no es así, al menos quiero darle una sepultura digna. No voy a descansar hasta hallarlo”, afirmó.
CRISIS DE DESAPARICIONES EN CHIAPAS
En los últimos seis años, la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el 44 por ciento de los casos de desaparición en el estado corresponden a este grupo poblacional, lo que subraya la vulnerabilidad en la que se encuentran las infancias y juventudes chiapanecas.
Entre enero y junio de 2024, se reportaron oficialmente 217 desapariciones de menores de edad en Chiapas. Sin embargo, cifras de organizaciones civiles como MelelXojobal y la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), que monitorean casos a través de la Alerta Amber, indican que en el mismo periodo desaparecieron 234 menores, lo que sugiere un subregistro por parte de las autoridades.
Desde 2020 hasta el 30 de junio de 2024, se han documentado dos mil 350 desapariciones de niñas, niños y adolescentes en la entidad. De este total, el 70 por cientocorresponde a adolescentes mujeres, lo que refleja un claro sesgo de género en las desapariciones. Además, los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas concentran el 44 por ciento de estos casos, con San Cristóbal destacando por la mayor tasa de desapariciones. Esta tendencia confirma el alto riesgo que enfrentan las infancias en ese municipio, sin que se tomen medidas efectivas para revertir la crisis.
A pesar del incremento en los casos de desaparición, las familias que buscan a sus seres queridos enfrentan una constante indolencia institucional. En muchos casos, cuando acuden a presentar una denuncia, las autoridades minimizan el problema, retrasan la activación de protocolos de búsqueda o se niegan a recibir la denuncia, contribuyendo así a un subregistro de los casos. Esta falta de acción inmediata va en contra del interés superior de la niñez, dejando en la indefensión a los menores desaparecidos y a sus familias.
El desinterés oficial por investigar el fenómeno y detener su crecimiento es evidente. En lugar de atender el problema, el Gobierno federal ha promovido un censo alternativo que busca cuestionar los datos del RNPDNO, poniendo en duda las cifras oficiales y generando un peligroso precedente: el intento de “desaparecer desaparecidos”.
A esta estrategia de negación se suma el desmantelamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, así como la inoperancia de los sistemas estatales en Chiapas. La combinación de estos factores ha convertido la desaparición de menores en una problemática que crece sin control, mientras las autoridades insisten en restarle importancia. Negar y ocultar la magnitud del problema es otra forma de complicidad.
Las familias que denuncian la desaparición de sus hijos, hijas o hermanos se enfrentan a un sistema que obstaculiza la búsqueda en lugar de facilitarla. En muchos casos, las desapariciones son clasificadas erróneamente como ausencias voluntarias o conflictos familiares, desviando la atención de posibles redes criminales detrás de estos hechos.
Cuando las desapariciones ocurren fuera de Chiapas, las investigaciones suelen quedar estancadas en trámites burocráticos, con una total falta de comunicación entre fiscalías estatales. Para las familias migrantes, la situación es aún más grave, puesto que las autoridades muestran una total indiferencia ante los casos de chiapanecos desaparecidos en otras entidades o en su tránsito hacia Estados Unidos.
Los casos relacionados con redes de trata de personas y tráfico de migrantes también sufren la misma omisión. A pesar de los múltiples testimonios y denuncias que señalan la presencia de grupos criminales dedicados a la explotación de menores, las autoridades evitan investigar a profundidad, permitiendo que estas redes operen con impunidad. Negar el acceso a la justicia es otra forma de complicidad.
La crisis de desapariciones en Chiapas no es un fenómeno aislado ni reciente. A lo largo de los años, ha sido el reflejo de la violencia estructural y la impunidad que impera en la entidad.
Las familias indígenas que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos enfrentan una doble carga: además de la omisión oficial, deben lidiar con discriminación institucional, barreras lingüísticas y falta de recursos para movilizarse en la búsqueda de justicia. De manera similar, las mujeres que lideran estos procesos sufren violencia de género y revictimización por parte de las autoridades.
La negación del problema también se extiende a la desaparición forzada ocurrida durante la política contrainsurgente de los años 90. Entre 1995 y 2000, se documentaron al menos 37 casos de desapariciones forzadas en Chiapas que hasta la fecha siguen sin esclarecerse. Las estructuras criminales que operaban en ese periodo han heredado esta práctica a otros grupos armados que hoy la utilizan para dirimir conflictos y ejercer control territorial, como en los municipios de Aldama, Chenalhó, Chalchihuitán, Pantelhó y Tila.
El silencio oficial y la falta de interés en esclarecer estos casos históricos han sentado un precedente de impunidad, permitiendo que la desaparición siga siendo una estrategia recurrente de grupos criminales y de poder en el estado. Negar los hechos y ocultarlos es otra forma de complicidad.
Chiapas enfrenta una crisis de desapariciones que afecta principalmente a las infancias y adolescencias, pero la respuesta gubernamental sigue siendo la indiferencia y la negación. Mientras las familias claman por justicia, las instituciones encargadas de la búsqueda y protección de menores continúan sin atender la emergencia de manera efectiva.
El dolor y la impotencia de las familias se han convertido en un motor de lucha. Cada manifestación, cada marcha y cada vela encendida son un grito de auxilio ante una crisis que parece no tener fin.
Mientras tanto, México sigue sumido en la incertidumbre, con miles de madres recorriendo carreteras, campos y basureros en busca de sus hijos. Porque, como rezaba una de las pancartas en el Zócalo capitalino:
“México no es un país, es una fosa.”
