Enfrenta condiciones de mayor riesgo debido a su estatus migratorio, precariedad económica y falta de redes de apoyo
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La violencia contra las mujeres en Tapachula no es un hecho aislado ni fortuito. Es el reflejo de una crisis estructural que se profundiza en un territorio marcado por la migración, la desigualdad social y la impunidad. Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala que, pese a contar con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde 2016, continúa registrando casos graves de agresión y feminicidio que desnudan fallas estructurales en la protección de derechos humanos. El reciente ataque con arma blanca contra dos mujeres guatemaltecas en el cantón Pacayalito 2, al norponiente del municipio, expuso nuevamente la vulnerabilidad de las mujeres —especialmente migrantes— en una de las zonas fronterizas más complejas del país.
El hecho ocurrió el día sábado 13 de diciembre alrededor de las 13:00 horas, cuando las víctimas realizaban actividades cotidianas. De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, el ataque fue sorpresivo y sin provocación aparente. Testigos señalaron que los agresores utilizaron un machete, causándoles heridas principalmente en el rostro y el torso.
Las mujeres fueron identificadas como María del Rosario “N”, de 40 años, quien presentó una herida profunda en el rostro, y Carla Areli “R”, de entre 24 y 26 años, quien sufrió una lesión grave en el brazo izquierdo. Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladaron a ambas al Hospital General de Tapachula, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades informaron que, aunque su estado de salud es estable, continúan bajo vigilancia hospitalaria.
Tras el ataque, elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la Policía Municipal, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, desplegaron un operativo en la zona que culminó con la detención de dos hombres, señalados como presuntos responsables. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo, acusados por los delitos de tentativa de feminicidio, lesiones y otros que resulten durante la investigación.
MUJERES MIGRANTES: DOBLE VULNERABILIDAD
El caso de María del Rosario y Carla Areli revela una problemática persistente en Tapachula: la violencia de género se recrudece contra mujeres migrantes, quienes enfrentan condiciones de mayor riesgo debido a su estatus migratorio, precariedad económica y falta de redes de apoyo.
Tapachula es uno de los principales puntos de entrada de personas migrantes a México. Miles de mujeres provenientes de Centroamérica transitan o se establecen temporalmente en la ciudad, muchas de ellas expuestas a violencia física, sexual y psicológica. Organizaciones civiles han documentado que la condición migrante suele inhibir la denuncia, ya sea por miedo a la deportación o por desconfianza en las autoridades.
En este contexto, los ataques contra mujeres no solo representan delitos individuales, sino una falla sistemática del Estado para garantizar la seguridad y los derechos humanos de una población altamente vulnerable.
TAPACHULA Y LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Desde 2016, el estado de Chiapas cuenta con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en varios municipios, entre ellos Tapachula. Esta medida, emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), reconoce la existencia de un contexto de violencia feminicida y obliga a las autoridades estatales y municipales a implementar acciones urgentes para prevenir, atender y sancionar la violencia de género.
Sin embargo, a casi una década de su implementación, los resultados han sido limitados. De acuerdo con informes oficiales, Tapachula continúa figurando entre los municipios con mayor incidencia de delitos contra mujeres en Chiapas, incluyendo violencia familiar, lesiones dolosas, abuso sexual y feminicidio.
La AVGM contempla acciones como el fortalecimiento de refugios, capacitación a cuerpos policiales, campañas de prevención y el mejoramiento de la investigación ministerial. No obstante, colectivos feministas y especialistas coinciden en que la alerta ha sido aplicada de manera parcial y sin una evaluación efectiva de resultados.
FEMINICIDIO Y VIOLENCIA LETAL EN CIFRAS
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que Chiapas registra cada año decenas de asesinatos de mujeres tipificados como feminicidio u homicidio doloso. Tapachula, por su densidad poblacional y dinámica fronteriza, se mantiene entre los municipios con mayor número de casos.
Además, las estadísticas oficiales revelan que la mayoría de las agresiones contra mujeres son cometidas con armas blancas o de fuego, y en muchos casos ocurren en espacios públicos o en el entorno comunitario, como sucedió en el cantón Pacayalito 2.
Especialistas advierten que existe un subregistro importante, dado que muchos asesinatos de mujeres no son investigados inicialmente como feminicidio, lo que distorsiona la magnitud real del problema y limita el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
IMPUNIDAD Y FALLAS EN LA PREVENCIÓN
A pesar de la detención de los presuntos agresores en este caso, la violencia de género en Tapachula sigue marcada por altos niveles de impunidad. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, la falta de investigaciones con perspectiva de género, la revictimización y la lentitud judicial desalientan la denuncia y perpetúan el ciclo de violencia.
El ataque contra María del Rosario y Carla Areli se suma a una larga lista de agresiones que, aunque logran atención mediática momentánea, suelen diluirse sin cambios estructurales de fondo.
Este caso ha generado alarma entre la comunidad local y organizaciones civiles, que exigen a las autoridades reforzar la seguridad en zonas periféricas y rurales del municipio, así como garantizar la protección de mujeres migrantes.
La violencia contra las mujeres en Tapachula no puede seguir tratándose como hechos aislados. La persistencia de ataques brutales, incluso bajo una Alerta de Violencia de Género vigente, evidencia la necesidad urgente de políticas públicas efectivas, coordinación institucional real y voluntad política para enfrentar un problema que sigue cobrando víctimas.
Mientras María del Rosario y Carla Areli luchan por recuperarse, Tapachula enfrenta una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿cuántas agresiones más serán necesarias para que la violencia de género deje de ser una constante en la frontera sur de México?
