Son la conjunción entre tecnologías accesibles para delincuentes, disponibilidad de datos personales y falta de denuncia masiva
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En la última década, las llamadas de extorsión telefónica se han convertido en una de las formas de delito que más afecta la cotidianidad de los chiapanecos. Lo que empieza como una llamada anónima —una voz que asegura tener secuestrado a un familiar, una supuesta orden judicial o una oferta demasiado buena para ser real—, termina muchas veces en la pérdida de dinero, datos personales o, en los casos más graves, en daños psicológicos y desplazamientos forzados. Las cifras oficiales y los estudios de victimización muestran que Chiapas se ubica entre las entidades con mayor tasa de este delito en el país, y las autoridades locales y federales reconocen tanto la complejidad de la modalidad como la dificultad para contenerla.
EL PANORAMA ESTADÍSTICO: MÁS DENUNCIAS, Y MUCHAS QUE NO SE REGISTRAN
Los datos públicos permiten identificar dos rasgos preocupantes: una tasa de incidencia alta en Chiapas y una brecha importante entre los delitos cometidos y los denunciados. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2024), la victimización por distintos delitos mantiene cifras elevadas a nivel nacional; en el caso de la extorsión, el contraste entre la percepción y las denuncias oficiales sugiere un fenómeno de subregistro.
En términos relativos, reportes recientes sobre la entidad indican una tasa de dos mil 979 casos por cada 100 mil habitantes durante 2023, lo que equivale a alrededor de 8.16 víctimas diarias para ese año. Ese incremento respecto a 2022 (cuando la tasa fue de 2,627 por 100 mil) refleja un cambio estadísticamente significativo que preocupa a autoridades y sociedad civil.
A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó decenas de miles de denuncias por extorsión en 2023; y en 2025, algunos recuentos periodísticos señalan que las víctimas acumuladas en los primeros meses superaron las seis mil, lo que marcó un alza frente a periodos previos. Sin embargo, organizaciones empresariales y de la sociedad civil han alertado sobre una “cifra negra” —personas que no denuncian— que podría elevar dramáticamente el impacto real del delito: estudios y análisis citan porcentajes de subregistro que superan 90 por ciento en algunos ejercicios, lo cual significa que solo una fracción mínima de las extorsiones llegan a formalizarse como carpetas de investigación. Esa brecha distorsiona la percepción pública del delito y dificulta la coordinación eficaz entre autoridades y víctimas.
MODALIDADES Y MODUS OPERANDI: CÓMO OPERAN LAS REDES DE EXTORSIONADORES
Las extorsiones telefónicas adoptan diversas formas. Entre las modalidades más frecuentes en Chiapas y el país se encuentran:
-Secuestro virtual: la llamada afirma que un familiar cercano ha sido “secuestrado” y exige un pago para su liberación. A menudo los delincuentes utilizan datos obtenidos de redes sociales para dar verosimilitud al relato.
-Extorsión por suplantación de autoridad: los agresores se hacen pasar por policías, ministerios públicos o jueces y presionan a la víctima para que entregue dinero o información bancaria bajo el pretexto de evadir cargos o sanciones.
-Fraude por llamadas internacionales y Wangiri: llamadas cortas desde números extranjeros que inducen a devolver la llamada y generan cargos elevados o inducen a compartir datos. Esta modalidad ha crecido en los últimos meses por su bajo costo operativo y la capacidad de los delincuentes para usar tecnologías VOIP y números internacionales.
-Falsas promesas laborales y cobros por trámites: ofertas de empleo que piden comisiones o datos bancarios; supuestas gestiones administrativas que requieren “pago inmediato”.
Las autoridades de Chiapas han señalado que muchas de las llamadas provienen de centros penitenciarios de otros estados o utilizan rutas telefónicas que enmascaran el origen real, lo que hace compleja la investigación y la localización de los responsables.
La combinación de tecnología y técnica de ingeniería social —presión emocional, amenazas y uso de información pública— es el núcleo del éxito de estas redes.
CASOS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES EN LA ENTIDAD
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y la Secretaría de Seguridad han emitido alertas públicas y listados de números con reportes repetidos de extorsión; la Policía Cibernética estatal también ha difundido campañas de prevención para reducir la victimización.
En ocasiones, la Fiscalía Antisecuestro ha informado intervenciones concretas: rescates e inhibición de casos puntuales en municipios como Tuxtla Gutiérrez y Palenque, donde se encontraron víctimas que habían sido obligadas a movilizarse o incluso alojadas en hoteles por sus captores virtuales. Estas acciones muestran la capacidad de reacción operativa, pero también subrayan la necesidad de estrategias preventivas más amplias.
Desde el ámbito federal, la Policía Cibernética y el SESNSP han lanzado recomendaciones: no compartir información personal en redes sociales, desconfiar de llamadas que presionan para actuar de inmediato, verificar la veracidad de la información con familiares y no transferir dinero sin confirmar el hecho. Aun así, la combinación de miedo y vergüenza continúa impidiendo que muchas personas denuncien, lo que retroalimenta la impunidad y la rentabilidad del delito.
LAS VÍCTIMAS: IMPACTO ECONÓMICO Y EMOCIONAL
Más allá de los números, las extorsiones telefónicas dejan huellas profundas en la vida de las afectadas. Económicamente, las pérdidas van desde montos pequeños hasta transferencias significativas que terminan por empobrecer hogares. Psicológicamente, la experiencia genera estrés agudo, ansiedad, insomnio y la percepción de inseguridad que modifica rutinas: muchas personas cambian números de teléfono, evitan contestar llamadas desconocidas o restringen su presencia en redes sociales. Para pequeñas empresas y comercios, las extorsiones a menudo implican pagos “por la seguridad” que erosionan la rentabilidad y fomentan mecanismos de autocensura. Las autoridades han registrado casos en los que la presión llevó a víctimas a tomar decisiones desesperadas o a recurrir a intermediarios —lo que a su vez crea nuevos riesgos.
POR QUÉ LA DENUNCIA SIGUE SIENDO BAJA: BARRERAS Y DESCONFIANZA
Varias razones explican la reticencia a denunciar: incertidumbre sobre la eficacia de las autoridades, temor a represalias, desconocimiento de los canales de denuncia y vergüenza social. Encuestas y análisis de victimización indican que una gran proporción de afectados opta por resolver el problema por cuenta propia —pagar para terminar la llamada o bloquear números— en lugar de acudir a denunciar. La consecuente “cifra negra” impide dimensionar con precisión la magnitud real del problema y reduce la asignación de recursos para investigación y prevención.
En Chiapas, la precariedad institucional en algunas regiones y la capacidad de operación transnacional de los grupos de extorsión complican aún más la trazabilidad de estos delitos.
¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS AUTORIDADES Y QUÉ FALTA?
Las autoridades estatales han implementado varias medidas: alertas de números detectados, operativos puntuales y campañas de prevención. A nivel federal se han instrumentado estrategias de coordinación y se discuten reformas para mejorar la identificación de llamadas y la trazabilidad de las rutas telefónicas usadas por los delincuentes. Sin embargo, especialistas y colectivos de víctimas insisten en que hacen falta al menos tres ámbitos de acción más contundentes:
Mejoras tecnológicas y regulación: establecer mecanismos más ágiles para rastrear y bloquear numeraciones usadas por bandas delictivas (incluido el control de proveedores de servicio que permiten conexiones VOIP anónimas).
Capacitación y simplificación de denuncias: facilitar mecanismos accesibles y rápidos para que las víctimas denuncien (líneas, apps, módulos locales), además de capacitar a ministerios públicos para procesar estas denuncias con celeridad.
Prevención social y digital: campañas sostenidas que expliquen los patrones de estafa, promuevan buenas prácticas digitales y reduzcan la “información disponible” que delincuentes usan para dar verosimilitud a sus amenazas.
Las llamadas de extorsión telefónica en Chiapas son un síntoma de una problemática mayor: la conjunción entre tecnologías accesibles para los delincuentes, la disponibilidad pública de datos personales y la falta de denuncia masiva que permita a las autoridades dimensionar y atacar el problema. Las cifras oficiales y las encuestas de victimización coinciden en algo esencial: la extorsión está presente y en aumento en varios frentes. La respuesta exige combinar inteligencia tecnológica, presencia institucional y empoderamiento ciudadano para reducir la rentabilidad del delito y revertir una tendencia que, en términos humanos, significa pérdida económica, miedo y vulnerabilidad para miles de chiapanecos.
