El envejecimiento no es homogéneo, para muchos se suma la triple penalidad de ser viejo, pobre y rural/indígena
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En Chiapas —el estado con una de las mayores tasas de pobreza de México— la vejez no es simplemente una etapa de la vida: para miles de personas mayores se convierte en un periodo marcado por la precariedad económica, la falta de servicios de salud adecuados, el abandono y, en ocasiones, el maltrato. Esta investigación recopila datos oficiales, informes estatales y nacionales, así como hallazgos de organismos especializados, para trazar un panorama integral de la situación de las personas adultas mayores en la entidad.
El Censo 2020 del INEGI ubicó a la población del estado en cerca de 5.54 millones de habitantes; las tablas interactivas del instituto muestran la distribución por grupos de edad, incluida la de 60 años y más, que ha crecido en la última década.
Más relevante para entender la vulnerabilidad: estudios del CONEVAL indican que más de la mitad de las personas de 65 años o más en la comarca se encontraban en situación de pobreza en 2022, situando al estado entre los de mayor incidencia de pobreza en ese grupo etario en el país. Ese dato resume por qué la vejez en la entidad muchas veces equivale a vivir con recursos insuficientes para cubrir necesidades básicas.
La población mayor en la región enfrenta dos problemas económicos simultáneos: una cobertura limitada de seguridad social y una alta dependencia de empleos informales. Muchos adultos mayores que han trabajado en la agricultura o en la economía del hogar no contaron con cotizaciones suficientes para acceder a una pensión contributiva. Ante ello, las transferencias y pensiones no contributivas (como la Pensión para el Bienestar) son a menudo la única fuente de ingreso formal; sin embargo, la cobertura, los períodos de registro y las reglas de operación generan vacíos y demoras que, en la práctica, dejan a personas sin ingreso estable. En 2024–2025 se abrieron nuevos periodos de registro y ampliaciones, pero la persistente informalidad laboral y la pobreza estructural limitan la eficacia de estas medidas en regiones rurales e indígenas.
Doña María, 72 años, San Juan Chamula ”Mis hijos se fueron al norte buscando trabajo, y yo me quedé aquí con mi pensión. A veces me alcanza para lo básico, pero otras veces tengo que pedir ayuda a mis vecinos”.
Don José, 68 años, Chanal ”La diabetes me ha dejado sin fuerzas. Los hospitales están lejos y no tengo dinero para los medicamentos. Vivo solo y a veces me siento olvidado”.
Doña Carmen, 75 años, San Andrés Larráinzar ”Mis nietos me cuidan, pero ellos también luchan. La comida escasea y la pensión no es suficiente. A veces, me siento invisible para las autoridades”.
SALUD: ENFERMEDADES CRÓNICAS, ACCESO DESIGUAL Y PRESIÓN SOBRE LOS SERVICIOS
Los documentos oficiales de salud estatal y las estadísticas federales señalan que las enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares) son cargas importantes entre la población adulta mayor, junto con problemas respiratorios y lesiones relacionadas con caídas. El Diagnóstico Estatal de Salud 2023 subraya la necesidad de fortalecer acciones de prevención y de mejorar el acceso a atención oportuna en zonas rurales y de difícil acceso. Las cifras de mortalidad y las estadísticas del sector salud muestran además disparidades por municipios.
Además, la salud mental —soledad, depresión y demencias como el Alzheimer— suele estar subregistrada y mal atendida. La combinación de falta de especialistas, barreras de transporte y carencias económicas causa retrasos en diagnósticos y tratamientos. En tiempos recientes, la pandemia demostró que las personas mayores son un grupo especialmente vulnerable a incrementos de morbilidad y a rupturas en el acceso a cuidados. (Organización Mundial de la Salud)
MALTRATO Y ABANDONO: LA INVISIBILIDAD COMO VIOLENCIA
A nivel mundial la OMS estima que aproximadamente una de cada seis personas mayores ha sufrido algún tipo de maltrato (físico, psicológico, económico o abandono) en el último año; en México, encuestas e informes nacionales (INAPAM, UNAM) han documentado altos niveles de violencia y abandono hacia la vejez. En Chiapas existen estudios y compilaciones que recogen casos y formas de maltrato —desde negligencia familiar hasta violencias institucionales en espacios de atención—, aunque la cifra real probablemente sea mayor debido a la subnotificación y al estigma asociado a denunciar.
El abandono se manifiesta con más crudeza en zonas rurales e indígenas: personas mayores que viven solas, sin ingresos suficientes y con redes familiares fragmentadas. Las medidas públicas para protección (líneas de atención, programas) existen en el papel, pero su alcance territorial y cultural es limitado, lo que deja comunidades enteras sin una ruta clara para denunciar o recibir ayuda.
Chiapas es un estado con una fuerte presencia indígena y una geografía que dificulta la llegada de servicios. Los análisis por entidad demuestran que personas adultas mayores hablantes de lengua indígena o que habitan municipios con alta marginación tienen una mayor probabilidad de estar en pobreza, de carecer de seguridad social y de enfrentar obstáculos para recibir atención médica. El envejecimiento en la entidad no es homogéneo: para muchos se suma la triple penalidad de ser viejo, pobre y rural/indígena.
En terreno —según reportes periodísticos, académicos y compilaciones locales— emergen relatos que hacen tangible la estadística: doña María, de un municipio montañoso, sobrevivió meses sin recibir la pensión por un trámite administrativo; don José, extrabajador del campo, padece diabetes sin acceso regular a insulina; y varias personas mayores relatan episodios de abandono de hijos migrados y suplencia de cuidados por vecinas o por organizaciones civiles. Esas historias muestran que las políticas existen, pero su implementación se quiebra en la logística, la discriminación y la falta de infraestructura. (Fuentes locales y regionales compilan estos testimonios).
RETOS PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ
A partir del diagnóstico documental, los retos principales pueden agruparse así:
-Ampliar y hacer efectiva la cobertura de pensiones y seguridad social, priorizando mecanismos de acceso simplificados para población rural e indígena. El reciente proceso de registros a pensiones es un avance, pero no sustituye una política de residuo que garantice ingresos mínimos sostenibles.
-Fortalecer la atención primaria en salud para detección y control de enfermedades crónicas y de salud mental en municipios alejados; dotar de medicamentos y personal capacitado.
-Crear redes interinstitucionales contra el maltrato, que integren ministerios, fiscalías, organizaciones civiles y autoridades comunitarias, adaptadas a contextos culturales y lingüísticos. La existencia de lineamientos nacionales no es suficiente sin capacidad local para implementarlos.
-Políticas orientadas a la inclusión socioeconómica, que combinen ingreso básico con programas locales de empleo adaptados (trabajo comunitario remunerado, cooperativas, etc.) para quienes aún desean o pueden trabajar.
En la comarca, más del 50 por ciento de las personas adultas mayores viven en situación de pobreza, según datos del CONEVAL. Municipios como Chanal, San Juan Chamula y San Andrés Larráinzar lideran las estadísticas de marginación. Las enfermedades crónicas, el acceso limitado a servicios de salud y la falta de apoyo institucional agravan su situación. Testimonios de residentes locales evidencian el abandono y la necesidad urgente de políticas públicas efectivas para este sector vulnerable.
Mapa de los Municipios con Mayor Pobreza en Chiapas
Según el informe del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica local (CEIEG), los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza son:
-Chanal: 80.7 por ciento.
-San Juan Chamula: 79.5 por ciento.
-San Andrés Larráinzar: 78.9 por ciento.
-Mitontic: 78.4 por ciento.
-San Pedro Chenalhó: 77.8 por ciento.
Estos municipios presentan altos niveles de marginación y pobreza, lo que impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de las personas adultas mayores.
Existen iniciativas gubernamentales (Programas para el Bienestar, INAPAM, módulos de registro para pensiones) y grupos civiles que atienden a personas mayores, ofrecen asesoría o documentan casos de maltrato. No obstante, la coordinación entre instancias, la implementación culturalmente sensible y la asignación presupuestal son insuficientes para revertir la inequidad estructural que sufren los mayores en Chiapas. Los informes locales de salud y de mortalidad, y los mapas de pobreza, señalan dónde hay que intensificar esfuerzos.
Los datos y testimonios pintan un cuadro claro: sin intervenciones integradas que combinen ingreso, salud accesible, protección contra la violencia y atención específica para contextos rurales e indígenas, la vejez en Chiapas seguirá significando vulnerabilidad. Pero hay señales de que, con voluntad política y recursos orientados a territorialidad y cultura, se pueden cerrar brechas: mejorar el registro y la entrega de pensiones, reforzar la atención primaria en salud y crear rutas de protección contra el maltrato pueden transformar realidades. Para miles de chiapanecos y chiapanecas, esa transformación no puede esperar.
