Subrayaron que el perdón no equivale al olvido ni sustituye la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación integral
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Representantes de 12 comunidades indígenas tsotsiles integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas sostuvieron una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, a quien solicitaron que el máximo tribunal del país ejerza su facultad de atracción respecto al amparo en revisión 514/2025, actualmente radicado en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La comitiva, integrada por víctimas de desplazamiento forzado interno en el contexto del conflicto armado que marcó a la región de Los Altos de Chiapas desde la década de los 90, expuso ante el ministro presidente los impactos sociales, comunitarios y culturales que este fenómeno ha provocado durante más de dos décadas, sin que, aseguran, exista hasta ahora verdad, justicia ni reparación integral del daño.
De acuerdo con el posicionamiento de Las Abejas, la reunión se realizó el viernes 2 de enero, y fue valorada de manera positiva por la organización debido a la “sensibilidad y el entendimiento profundo” que, señalaron, mostró Aguilar Ortiz respecto a las causas estructurales y las consecuencias del desplazamiento forzado interno. Según el colectivo, el ministro presidente se comprometió a dar seguimiento puntual a la solicitud presentada, lo que generó expectativas de que el asunto pueda ser conocido por el Pleno de la SCJN.
Además del ministro presidente, Las Abejas dirigieron un llamado expreso a las ministras y ministros Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, así como a los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García, para que respalden la atracción del amparo, al considerar que se trata de un caso emblemático de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.
UN CONFLICTO DE LARGA DATA
En su exposición, la organización recordó que han transcurrido 531 años de resistencia indígena y más de 26 años desde que, afirman, el Estado mexicano impulsó una estrategia contrainsurgente que sembró división, violencia y odio en comunidades indígenas de Chiapas. Dicho plan, conocido como Plan de Campaña Chiapas 94, fue diseñado —sostienen— para debilitar la influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tras el levantamiento armado de 1994.
Según el relato de Las Abejas, la ofensiva militar desplegada en 1995, con el envío de miles de tropas a la zona de influencia zapatista, no trajo condiciones de seguridad, sino que intensificó el conflicto comunitario. Denuncian que, bajo una ideología promovida desde estructuras gubernamentales y partidistas, se impuso la afiliación obligatoria al Partido Revolucionario Institucional (PRI), estigmatizando a quienes se negaban o simpatizaban con posturas pacifistas o cercanas al zapatismo.
Ese contexto derivó en hostigamientos, amenazas de muerte, agresiones físicas y desplazamientos forzados contra quienes se resistieron a participar en actos de violencia o a integrarse a grupos armados de corte paramilitar. El 24 de mayo de 1997, recuerdan, se registraron las primeras agresiones directas contra integrantes de Las Abejas en la comunidad de Yaxgemel, lo que provocó el desplazamiento forzado de varias familias hacia la colonia Puebla.
ESCALADA DE VIOLENCIA Y DESPLAZAMIENTO MASIVO
En los meses posteriores, integrantes de la organización denunciaron haber sido obligados a comprar armas, aportar recursos para municiones y participar en “guardias comunitarias”, bajo el argumento de defender a las comunidades de una supuesta invasión zapatista. Quienes se negaban eran acusados de traición y señalados como enemigos.
La violencia se intensificó y, entre octubre y diciembre de 1997, se produjeron desplazamientos masivos desde comunidades como La Esperanza, Tzanembolom, Yibeljoj, Tzajalhucum, Chimix, Canolal, Queshtic, Los Chorros, Yaxgemel, Puebla, Chuchtic y Acteal.
Ante esta situación, se instalaron tres campamentos de personas desplazadas: Los Peregrinos en Tzajalch’en, Los Naranjos en Acteal y el Campamento Civil por la Paz en X’oyep.
El 22 de diciembre de 1997, el campamento Los Naranjos fue atacado por un grupo paramilitar que operaba en el municipio de Chenalhó. El saldo fue de 45 personas asesinadas y 26 heridas, en un hecho que pasó a la historia como la Masacre de Acteal y que actualmente se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el caso 12 mil 790 México.
Días después, el 3 de enero de 1998, el campamento de X’oyep fue hostigado por fuerzas militares que, según la organización, buscaban tomar control del manantial de agua que abastecía a las personas desplazadas. La incursión fue detenida por la resistencia pacífica de mujeres integrantes de Las Abejas.
En agosto de 2001, las familias desplazadas decidieron regresar a sus comunidades de origen, pese a que no existían garantías de seguridad ni procesos de desarme de los grupos paramilitares. Las Abejas califican este proceso como un “retorno sin justicia”, ya que al volver encontraron viviendas saqueadas, destruidas o incendiadas, lo que profundizó los daños materiales, psicológicos y comunitarios.
A más de dos décadas de estos hechos, la organización sostiene que ningún Gobierno ha mostrado voluntad política para esclarecer lo ocurrido. Acusan que la impunidad ha prevalecido a lo largo de distintos sexenios, desde administraciones priistas hasta panistas y, más recientemente, morenistas.
En este contexto, denuncian que el desplazamiento forzado interno continúa siendo minimizado por las autoridades, a pesar de que en el propio municipio de Chenalhó aún existen personas que no han podido retornar a sus comunidades desde 1997.
LLAMADO A LA JUSTICIA
Las víctimas reiteraron que su lucha se mantiene por la vía de la no violencia activa. Afirmaron haber perdonado a quienes participaron en los ataques, pero subrayaron que el perdón no equivale al olvido ni sustituye la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación integral.
Finalmente, Las Abejas hicieron un llamado a los tres órdenes de Gobierno para romper el pacto de impunidad que, aseguran, ha impedido el reconocimiento pleno de las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.
También exhortaron a las autoridades de procuración de justicia a defender los derechos humanos por encima de intereses políticos, y a la Suprema Corte a asumir el caso como una oportunidad histórica para sentar un precedente en materia de desplazamiento forzado interno en México.
