La estrategia no implica contratación de nuevo adeudo, sino un refinanciamiento para mejorar condiciones de pago sin incrementar el monto
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
En un intento decidido por corregir el rumbo financiero del estado, la Secretaría de Finanzas ha iniciado un proceso de reestructuración de la deuda pública estatal, con el objetivo de reducir los costos financieros derivados de créditos adquiridos en administraciones pasadas y liberar recursos que permitan atender con mayor eficacia las necesidades prioritarias de la entidad.
El anuncio fue hecho por el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito, quien subrayó que la estrategia no implica la contratación de nueva deuda, sino un refinanciamiento estratégico encaminado a mejorar las condiciones de pago sin incrementar el monto total del endeudamiento. La medida ha sido bien recibida por analistas y sectores sociales que han visto con preocupación cómo los recursos públicos se han destinado durante años, en proporciones alarmantes, al servicio de la deuda.
“El objeto ha sido acceder a los mejores esquemas para disminuir significativamente los costos por conceptos de intereses y cuotas derivadas de compromisos financieros que se adquirieron muchos años atrás”, declaró Pariente Gavito en conferencia de prensa, dejando en claro que el proceso es un acto de responsabilidad administrativa, no un pretexto para endeudarse más.
LA RADIOGRAFÍA DE UNA DEUDA HEREDADA
A la fecha, la deuda pública de Chiapas asciende a 18 mil 740 millones de pesos, cifra ligeramente inferior a los 18 mil 860 millones de pesos con los que la administración estatal actual recibió las finanzas públicas. Aunque esta disminución puede parecer mínima, marca el inicio de una nueva política fiscal más responsable.
La deuda se divide en dos grandes contratos: uno bursátil por seis mil 592 millones de pesos y otro bancario por 12 mil 268 millones de pesos. Según el funcionario estatal, el plan consiste en renegociar los términos de ambos compromisos para obtener condiciones más favorables, principalmente mejores tasas de interés y mayores plazos de pago, lo que permitirá liberar presión financiera en el corto y mediano plazo.
“Estamos reestructurando el endeudamiento de Chiapas, para liberar esos compromisos y liberar recursos, para que en lugar de pagar intereses podamos reorientarlos a proyectos que abonen a las causas y necesidades de nuestro pueblo”, puntualizó el secretario.
Uno de los aspectos más controversiales de este proceso es la forma en que se acumuló la deuda pública bajo gobiernos anteriores, particularmente durante el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, quien dejó la administración con una carga de más de 18 mil 800 millones de pesos. Esta cifra, aunque conocida en cifras globales, fue manejada con una opacidad que impidió a la ciudadanía conocer el verdadero estado financiero del Gobierno.
Según las palabras del propio Pariente Gavito, la situación financiera heredada representa una de las cargas más graves para la administración actual, sobre todo por los esquemas de contratación, como el uso de UDIS (Unidades de Inversión), un mecanismo que encarece el servicio de la deuda en función de la inflación.
“Es un crimen haber mantenido durante tanto tiempo un esquema tan perjudicial para el estado”, expresó el secretario, en referencia a la decisión del exgobernador Escandón de perpetuar un modelo de deuda heredado desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero, sin realizar ajustes sustanciales que pudieran aliviar las finanzas estatales.
IMPACTOS EN LA ECONOMÍA ESTATAL
A pesar de contar con importantes transferencias federales, Chiapas sigue siendo uno de los estados con mayor rezago social, educativo y de infraestructura. El peso de la deuda pública ha tenido consecuencias directas sobre la capacidad del Gobierno para invertir en programas sociales, salud, caminos rurales, y acceso al agua potable, entre otras necesidades urgentes.
La situación resulta aún más crítica si se considera que el endeudamiento está comprometido hasta el año 2037, por lo que cualquier decisión financiera tiene implicaciones de largo plazo.
En este sentido, la reestructuración de la deuda se presenta no solo como una decisión técnica, sino como una acción política y moral en favor de un estado que, por años, ha estado atrapado en una espiral de deuda y pagos que benefician más a los acreedores que a la población chiapaneca.
Según cifras de la Secretaría de Finanzas, la deuda pública estatal representa aproximadamente el 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) local, una cifra que coloca al estado por debajo del promedio nacional en términos de deuda relativa. Sin embargo, su capacidad de generación de ingresos propios es muy baja, lo cual limita la autonomía financiera del estado y lo hace depender en gran medida de recursos federales.
La estrategia de reestructuración incluye la migración del esquema de deuda en UDIS a pesos, lo cual podría representar un ahorro de hasta seis mil millones de pesos. Esta maniobra, aunque técnicamente compleja, es vista como una de las pocas alternativas viables para evitar que las finanzas estatales colapsen en los próximos años.
“Total de la deuda del estado al 1 de julio la recibimos en 18 mil 860 millones de pesos y ahorita es de 18 mil 740 millones de pesos. En refinanciamiento de reestructuración no es nueva deuda”, reiteró Pariente Gavito para evitar interpretaciones erróneas sobre la naturaleza del proceso.
Especialistas en finanzas públicas coinciden en que, si bien la reestructuración puede ofrecer un alivio temporal, esta debe ir acompañada de un plan integral de fortalecimiento fiscal, incluyendo una mayor eficiencia en el gasto público, combate a la corrupción, fortalecimiento de la recaudación local y disciplina presupuestaria.
En ese sentido, el llamado a la transparencia y la rendición de cuentas ha cobrado más fuerza que nunca. Durante años, la gestión de la deuda en la entidad fue un tema manejado entre tecnócratas y despachos privados, sin explicación clara a la ciudadanía. Ahora, la administración estatal promete mantener informada a la población en cada paso del proceso.
“Nuestro objetivo es dejar un Chiapas más fuerte financieramente, con menos carga para las futuras generaciones y más inversión en su gente”, afirmó Pariente Gavito, quien reiteró el compromiso del Gobierno estatal con la administración responsable y transparente de los recursos públicos.
En el fondo, lo que está en juego no es solamente la reducción del costo financiero de la deuda, sino la construcción de un nuevo modelo de gestión pública en Chiapas, más eficiente, equitativo y orientado al desarrollo humano. La administración actual parece consciente de que la deuda no es solo un problema contable, sino una herencia de malas decisiones políticas, falta de planeación y, en muchos casos, corrupción.
Frente a esta realidad, el refinanciamiento es apenas el primer paso. Será necesario también reformar la estructura del gasto, fortalecer la planeación presupuestal y garantizar que los recursos liberados efectivamente se traduzcan en mejor calidad de vida para los chiapanecos.
La reestructuración de la deuda pública en el estado marca un punto de inflexión en la política financiera del estado. Tras años de opacidad y decisiones poco responsables, el Gobierno actual intenta enderezar el rumbo con una estrategia que, si bien no resolverá todos los problemas, podría ser el inicio de una transformación fiscal profunda.
A la espera de los resultados concretos del proceso, lo cierto es que esta medida ha reabierto el debate sobre el uso del endeudamiento en un estado con altos niveles de pobreza, infraestructura deficiente y una ciudadanía cada vez más exigente con sus gobernantes.
La historia fiscal de la entidad aún está en proceso de reescribirse, y su desenlace dependerá de la capacidad de sus autoridades para actuar con visión, responsabilidad y compromiso con las futuras generaciones.
