Las niñas víctimas de abuso son revictimizadas por el sistema
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el número de niñas de entre 10 y 14 años que han sido obligadas a convertirse en madres no solo alerta por su magnitud, sino por el silencio que lo permite. En lo que va de 2024, más de ocho mil casos han sido documentados a nivel nacional, con la región como uno de los principales focos. Detrás de cada cifra hay una historia de abuso, impunidad y abandono institucional, de acuerdo a datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población (Conapo).
La fecundidad infantil en comunidades indígenas no es resultado del consentimiento, sino de la falta de acción del Estado. Así lo señalaron organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), que advirtieron que la mayoría de estos embarazos son consecuencia directa de violencia sexual y uniones forzadas. Sin embargo, las respuestas judiciales siguen siendo escasas o nulas, incluso si los casos son evidentes y públicos.
Para activistas como Martha Figueroa, del Colectivo de Mujeres Libres (Colem), el problema no radica en la falta de conocimiento de las autoridades, sino en su omisión. La ausencia de carpetas de investigación, la normalización del término “madres niñas” y la revictimización desde el sistema de salud perpetúan el ciclo de violencia. A pesar de su gravedad, las fecundidades forzadas continúan siendo tratadas como hechos aislados.
Las políticas públicas han resultado insuficientes y superficiales. Los discursos de erradicación contrastan con la falta de presencia real del Estado en las zonas donde estas violencias se gestan. Mientras se destinan apoyos educativos o de salud, no se garantiza el acceso a la justicia para las niñas violentadas. En la comarca, lo urgente sigue siendo el castigo efectivo a los agresores, no solo la asistencia posterior a los daños.
Permitir que una niña sea obligada a parir es fallar como sociedad. Y en la entidad, esa falla ha sido sistemática. Mientras no se nombre el problema como lo que es, cualquier intento por disminuir los embarazos infantiles será solo un paliativo. La deuda con estas niñas no es moral: es legal y urgente.
