El conflicto puso sobre la mesa la falta de reglas claras en la contratación de servicios de acarreo
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Con unidades detenidas a la orilla de la carretera y una protesta sin bloqueos, volqueteros de Cintalapa solicitaron el respeto a las tarifas acordadas, en un conflicto que expone tensiones recurrentes entre transportistas locales y empresas constructoras. La inconformidad cuestionó la manera en que se modificaron condiciones laborales en pleno desarrollo de obra.
A partir de estimaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas, el estado cuenta con más de cuatro mil unidades concesionadas para el transporte de materiales, lo que convierte a este sector en un eslabón clave para la ejecución de proyectos de vivienda e infraestructura. Este volumen explicó por qué cualquier ajuste en tarifas impacta en la estabilidad económica de cientos de operadores.
Con base en datos del Instituto Mexicano del Transporte, el costo operativo de un camión de volteo puede incrementarse hasta en 15 por ciento anual por factores como combustible, refacciones y mantenimiento, lo que reduce los márgenes de ganancia cuando las tarifas se ajustan a la baja. Este escenario colocó a los transportistas en una posición vulnerable frente a decisiones unilaterales de contratación.
Desde la perspectiva productiva, información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó que el sector de la construcción en la comarca creció alrededor de seis por ciento en el último año, impulsado en parte por proyectos de vivienda social. Este dinamismo ha incrementado la demanda de servicios de acarreo, lo que debería traducirse en condiciones más estables para quienes participan en la cadena de obra.
En la medida en que el conflicto se traslada del terreno operativo al institucional, los volqueteros presionaron que se reconozcan acuerdos previos como base mínima de negociación, frente a un entorno donde la presión por reducir costos recae en los eslabones más débiles. La exigencia no solo apuntó a una tarifa específica, también planteó la necesidad de reglas más claras que eviten prácticas que ponen en riesgo la viabilidad del transporte local.
