Persisten riesgos y rezagos en la protección de personas defensoras ambientales
PORTAVOZ/AGENCIAS
México es un país letal para quiénes se atreven a defender el agua, los bosques, el mar. Un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reveló que entre 2015 y 2025 fueron asesinadas 199 personas defensoras del medio ambiente en México, mientras que solo en 2025 se documentaron 10 homicidios de defensores y 135 agresiones, que incluyeron amenazas, intimidaciones, criminalización y violencia física.
Ante este escenario y en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, así como de la Cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) que se llevó a cabo en Nassau, Bahamas, y en la que participó Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente (Profepa), organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para expresar su preocupación por la ausencia de una hoja de ruta clara para implementar el Acuerdo de Escazú en el país.
A cinco años de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, México enfrenta una deuda estructural en materia de seguridad y justicia para las personas defensoras del medio ambiente, en un contexto marcado por violencia, falta de transparencia y avances limitados en la implementación del tratado regional.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado por México desde 2021, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, y que además establece obligaciones específicas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
De acuerdo con Greenpeace México, el país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer la defensa ambiental y advirtió que, pese a la ratificación del acuerdo de Escazú en 2021, la actividad de defensa ambiental “continúa siendo una labor de alto riesgo”.
Ante ello, Aleira Lara, directora ejecutiva de la organización, urgió a las autoridades a cumplir con los compromisos internacionales.
“Urgimos a las autoridades a llevar a la práctica los estatutos incluidos en el acuerdo que ratificó y que además brinde justicia a las familias de las personas defensoras asesinadas en el país”, señaló.
Asimismo, advirtió sobre los intereses económicos que rodean los conflictos ambientales. “Permitir la continuación del modelo extractivista, contaminante, devastador, que pone intereses económicos por encima de la protección de nuestro entorno y de los derechos humanos no es una opción congruente con los compromisos del Gobierno actual”, apuntó.
FALTA DE RUTA CLARA Y PARTICIPACIÓN
Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Iniciativa de Acceso México, entre ellas, CEMDA, CartoCrítica, Engenera y Reforestemos México, expresaron también su preocupación por la ausencia de una hoja de ruta clara para implementar el Acuerdo de Escazú en el país.
Denunciaron que no existe suficiente información pública ni mecanismos efectivos de participación en su construcción, a pesar de que los avances deben presentarse en la COP4.
Estas organizaciones subrayaron que la implementación del acuerdo requiere acciones concretas como la armonización de leyes, el fortalecimiento institucional y la creación de mecanismos de protección para personas defensoras, además de garantizar una participación “significativa y directa del público” en la toma de decisiones.
Ante ello, informaron que desde la sociedad civil se impulsa la construcción colectiva de una agenda de información pública ambiental para contribuir al cumplimiento de la NDC 3.0 de México.
“Este proceso busca identificar y ordenar la información necesaria, sus contenidos, periodicidad, formatos y estándares, para que el seguimiento de los compromisos climáticos sea público, comparable y evaluable”, apuntaron.
