Las acusaciones incluyen acoso laboral y sexual, desaparición de recursos y maltrato al personal docente
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez permanece sin clases desde el 1 de septiembre, luego de que la Secretaría de Educación cesara a su director, Juan Carlos Saraos Álvarez, tras ser acusado de malos manejos administrativos y un historial de denuncias por acoso laboral y sexual. La medida ha generado un conflicto que mantiene a la comunidad escolar en incertidumbre y las clases suspendidas en Suchiapa.
El impacto financiero de las denuncias es significativo. Según la Secretaría de Educación, el 15 por ciento de los planteles de educación media superior en Chiapas han registrado irregularidades administrativas en los últimos cinco años, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que el 21 por ciento de las instituciones públicas reportaron conflictos internos que afectaron la operatividad escolar, lo que sitúo a esta preparatoria dentro de un patrón preocupante de mala gestión.
Entre los señalamientos contra el exdirector destacaron la desaparición de un millón de pesos en recursos escolares, el aumento arbitrario de pagos a las cafeterías y la desaparición del hato ganadero destinado a la enseñanza agropecuaria. La organización Transparencia México señaló que casi uno de cada cuatro escuelas en México enfrenta irregularidades financieras detectables, lo que resalta la gravedad de los hechos denunciados en el plantel de Suchiapa.
Mientras presiona a padres para exigir su reinstalación, Saraos Álvarez enfrenta rechazo de docentes y sectores de la comunidad educativa. Testimonios señalaron que ha generado un ambiente laboral tenso, con hostigamiento a personal docente y administrativo, y ha buscado respaldo público mediante un grupo reducido de padres, presentándose como un gestor eficaz sin sustento documental. Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 18 por ciento del personal educativo en el estado reportó haber sufrido algún tipo de acoso o maltrato laboral, lo que evidenció la vulnerabilidad de los docentes ante estas prácticas.
Los denunciantes exigieron una intervención institucional inmediata y una investigación transparente que garantice justicia. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que más del 60 por ciento de la población escolar en zonas rurales de la entidadse encuentra en condiciones de vulnerabilidad, lo que subrayó que la estabilidad institucional y la seguridad de alumnos y personal no pueden depender de intereses particulares.
