Advirtieron que la actual política financiera paraliza áreas completas de investigación
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) volvió a encender las alarmas sobre el deterioro de las condiciones para hacer ciencia en México. Más de 40 especialistas del Departamento de Conservación de la Biodiversidad advirtieron que el control administrativo impuesto por la Secretaría de Hacienda ha convertido la gestión diaria de la investigación en un circuito lento e impredecible, incompatible con los tiempos que exige el trabajo científico.
Los investigadores acusaron que la centralización de autorizaciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no solo ralentizó procesos esenciales, sino que altera la naturaleza misma del trabajo científico, que depende de la capacidad de reaccionar con rapidez ante fenómenos biológicos, climáticos o sociales. A esto se suma que México ya destina apenas el 0.48 por ciento del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología, muy por debajo del promedio latinoamericano, que ronda el 0.7 por ciento. En ese escenario, cualquier retraso amplifica las pérdidas de tiempo y de información.
Uno de los puntos que más inquieta a la comunidad científica es el impacto directo en la investigación de campo, donde cada temporada perdida puede significar la desaparición de datos irrepetibles. El país ya cuenta con más de dos mil 600 especies en alguna categoría de riesgo, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; sin embargo, permisos para monitoreo, movilidad y adquisición de insumos suelen emitirse tarde o incluso negarse por criterios administrativos.
El descontento también se explica por el historial reciente: México ha reducido su presupuesto federal para ciencia en un 27 por ciento desde 2015, según cifras oficiales del Anuario Estadístico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. A ello se suman cierres anticipados de ejercicio fiscal que frenan proyectos en curso y limitaciones absurdas, como restricciones a la partida destinada a publicaciones científicas, pese a que la producción de artículos es una obligación dentro de los Centros Públicos de Investigación.
Ante ese panorama, los investigadores solicitaron la instalación de una mesa permanente entre dichos organismos, para revisar las reglas que hoy frenan el uso de recursos. Sostuvieron que la autonomía técnica y financiera no solo es una necesidad operativa, sino un requisito para garantizar resultados confiables y oportunos.
