Evidencian fallas en la regulación de la propiedad y riesgos en la compra de terrenos en zonas irregulares
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El incremento de denuncias por despojo de predios en Tapachula vuelve a colocar en evidencia las debilidades en la protección de la propiedad y la falta de respuesta de las autoridades ante posibles fraudes. Personas afectadas aseguraron haber adquirido terrenos de buena fe, con documentos firmados, para después descubrir que estos fueron revendidos a terceros sin su consentimiento.
Con operaciones irregulares detectadas en colonias populares, la reventa de un mismo lote se ha convertido en una práctica que aprovecha la falta de regulación efectiva en zonas de crecimiento urbano. En Chiapas, más del 40 por ciento de los asentamientos presenta problemas en la tenencia de la tierra, lo que incrementa el riesgo de conflictos legales y facilita esquemas de fraude inmobiliario.
La dificultad para presentar denuncias ante instancias de procuración de justicia ha profundizado la incertidumbre entre quienes buscan recuperar sus predios. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicaron que cerca del 60 por ciento de los delitos patrimoniales no se denuncian, lo que demuestra una desconfianza generalizada hacia las instituciones y limita la acción legal contra los responsables.
El impacto del despojo no solo se mide en pérdidas económicas, también afecta la estabilidad de familias que invirtieron sus ahorros en la adquisición de un terreno. Registros nacionales señalaron que los delitos relacionados con la propiedad han aumentado alrededor del 15 por ciento en zonas urbanas en expansión, lo que agravó la vulnerabilidad de compradores en ciudades como Tapachula.
Ante la falta de atención institucional, los afectados han recurrido a organismos de derechos humanos en busca de acompañamiento y presión para que sus casos sean atendidos. Más del 70 por ciento de las compraventas en zonas periféricas se realizan sin respaldo notarial formal, lo que deja a los compradores expuestos a irregularidades y la urgencia de fortalecer la certeza jurídica en el acceso a la vivienda.
