La alta concentración de recursos en mecanismos de asignación directa plantea retos en materia de competencia y transparencia
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Con un volumen de recursos que lo ubica entre los cinco primeros lugares del país, Chiapas consolidó en 2024 un esquema de contratación municipal marcado por la concentración del gasto y la limitada apertura de procesos competitivos. La dinámica colocó a los ayuntamientos en el centro del debate sobre eficiencia y transparencia en el uso de fondos públicos.
A partir del reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el grueso del gasto municipal en contratos se canalizó mediante adjudicación directa, una práctica que, por su naturaleza, reduce la competencia entre proveedores y acota la posibilidad de obtener mejores condiciones en precio y calidad. Este modelo, utilizado en la entidad, reestructura la forma en que se asignan recursos a nivel local.
Con base en datos de la Secretaría de Finanzas estatal, los municipios destinaron cerca del 62 por ciento de su presupuesto de inversión pública a obras y servicios contratados, lo que evidenció el peso que tienen estos mecanismos en la ejecución de proyectos. Esta proporción colocó a la contratación como un eje central de la operación municipal.
Desde la perspectiva de control administrativo, información de la Auditoría Superior del Estado indicó que alrededor del 28 por ciento de los contratos revisados en el último ejercicio presentó observaciones por inconsistencias administrativas, lo que ocasionó cuestionamientos sobre la calidad de los procesos de asignación. Estas observaciones no siempre implican irregularidades graves, pero sí señalan áreas de mejora.
En la medida en que el volumen de recursos continúa en niveles elevados, el reto para los municipios radicó en equilibrar rapidez operativa con mecanismos que fortalezcan la transparencia y la competencia. La posición de la entidad dentro de los principales destinos de gasto municipal no solo implica mayor capacidad de inversión, también exige ajustes que permitan garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.
