El caso desató cuestionamientos sobre la actuación de autoridades judiciales ante posibles actos de corrupción
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
En medio de un creciente cuestionamiento al sistema de justicia en Chiapas, la exigencia de los padres de Alfred Hazael Sánchez Ventura ha escalado hacia una demanda directa de destitución de funcionarios clave, al considerar que el caso de su hijo mostró una posible red de tráfico de influencias dentro del aparato judicial, en un contexto donde más del 62 por ciento de la población en el estado percibe actos de corrupción en instituciones de procuración de justicia según mediciones oficiales.
A partir de la reclasificación del delito que redujo la gravedad jurídica de los hechos, la familia sostiene que no se trata de una interpretación legal aislada, por el contrario, de un patrón que debilita el acceso a la justicia, en particular si se considera que en la comarca apenas el nueve por ciento de los delitos denunciados logra una sentencia condenatoria, lo que alimenta la percepción de impunidad.
El caso ha puesto en evidencia la fragilidad de los mecanismos internos de control, en una entidad donde informes recientes indicaron que más del 35 por ciento de las investigaciones penales presentan irregularidades o retrasos significativos en su integración.
Bajo ese escenario, la solicitud de remoción del juez y del fiscal de la Fiscalía Metropolitana no solo responde a un caso particular, también cuestiona sobre la independencia de las autoridades encargadas de impartir justicia, sobre todo al considerar que cerca del 40 por ciento de los ciudadanos en Chiapas desconfía de jueces y ministerios públicos en la resolución de casos de alto impacto.
Mientras nuevas instancias han retomado la investigación y se mantiene la presión pública, la familia insiste en que el proceso debe restituir la gravedad del delito y garantizar un juicio sin interferencias, al tiempo que el caso se convierte en un punto de referencia sobre los límites entre poder, justicia y responsabilidad institucional.
