El aumento en encarcelamientos de féminas pone de manifiesto el desconocimiento de sus derechos y la vulnerabilidad en que viven
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En los últimos tres meses, los operativos contra la delincuencia organizada en Chiapas han tenido un efecto colateral inesperado: un aumento del 50 por ciento en el número de mujeres recluidas en los Centros de Reinserción Social (CERSS) del estado. La mayoría de estas detenciones se han dado en las zonas indígenas, donde muchas de las detenidas enfrentan acusaciones de delitos como robo o complicidad, sin contar con pruebas suficientes.
El Colectivo Cereza, que brinda apoyo legal y psicosocial a mujeres en prisión, ha alertado sobre el incremento de casos en que las mujeres no tienen acceso a un proceso justo. “La mayoría proviene de Palenque y otras zonas rurales, y muchas no hablan español, lo que dificulta su defensa”, señaló la investigadora del colectivo, María Cameras Myers. Este contexto de vulnerabilidad las deja en una posición desventajosa ante la ley.
Las mujeres, en su mayoría migrantes de comunidades rurales, viven en condiciones de extrema pobreza y precariedad. En busca de trabajo, a menudo se desplazan a ciudades cercanas, donde las jornadas laborales son largas y mal remuneradas. “Muchas caen en las redes de detenciones arbitrarias por estar en lugares de trabajo informales, como bares, sin que exista un proceso legal claro”, agregó Myers.
La ausencia de traductores o defensores que puedan asistir a las detenidas en su lengua materna agrava aún más la situación. Sin un conocimiento adecuado de sus derechos, muchas de estas mujeres se ven forzadas a aceptar culpabilidades por delitos que no cometieron. Este vacío en el sistema judicial no solo viola sus derechos humanos, sino que perpetúa la injusticia.
Uno de los lugares más afectados por este fenómeno es el CERSS número cinco, ubicado en San Cristóbal de Las Casas. Las condiciones de hacinamiento y violencia dentro del centro han sido una constante preocupación para los defensores de derechos humanos. La situación, si bien compleja, pone en evidencia la urgente necesidad de una reforma en el sistema de justicia para garantizar que las mujeres en reclusión reciban un trato digno y acorde a sus derechos fundamentales.
